Una provocación con aparentes visos democráticos ha surgido de las oficinas del Palacio Presidencial para cambiar el panorama político a través del lanzamiento de un proyecto de Asamblea Constituyente, que incluiría una quinta papeleta para elegir a un grupo de personas con el rango de reformadores de la constitución de la república, en los comicios generales del 5 de mayo de 2019.
La propuesta de cambio constitucional, previamente archivada en 2014 por el oficialismo, fue desempolvada y presentada a los sectores nacionales en la convocatoria a las elecciones. Años de desgaste del gobierno, escándalos de corrupción, drenaje de recursos del Estado, promesas incumplidas, crisis y malversación de fondos públicos anteceden a la oferta del poder Ejecutivo.
Lejos de ser una jugada magistral, la iniciativa se ajusta como anillo al dedo a los propósitos del oficialismo de desconcentrar las críticas y cuestionamientos sobre el mandato gubernamental para hacerlo recaer sobre un modelo reformista con escasas posibilidades de éxito, debido a las contradicciones imperantes en la esfera judicial y parlamentaria, y su divorcio con la opinión pública.
La distracción y el engaño son dos conceptos desarrollados en la milenaria obra “El arte de la guerra”, de Sun Tzu. No es algo nuevo. Sin embargo, hay elementos de peso que incorporan serias reservas sobre cambios en la materia constitucional, porque dan ventaja a las elites dominantes e imponen un ritmo ajeno a los tiempos electorales en una consulta con sesgos de valoración marginal.
El imperio de la transparencia no radica en el clientelismo ni en los programas disuasivos que dimanan del autoritarismo. Sin una rectoría de las aspiraciones nacionales, difícilmente podría ser desmantelado el andamiaje de control que rige sobre la economía y la política en un país intervenido al que han arrancado la esencia de la representación genuinamente popular.
En ese contexto, sobresalen los rivales del escrutinio público: grupos politiqueros alejados de sus bases y aferrados al sueño de la continuidad en el poder. El cambio constitucional aupado por esos sectores oficialistas inquieta, además, debido a la desmovilización programada del Estado, para someterlo con embustes y maniobras a despojos inaceptables que ejerce el capital financiero.
