Informes oficiales revelan que Panamá había reducido su sector informal en la década pasada. No obstante, fue un crecimiento engañoso, ya que este es uno de los países más desiguales del mundo, en el que persiste la exclusión social y se exacerba la corrupción en un mercado dominado por familias poderosas e intereses foráneos.
La seguridad social cubre al 65 por ciento de la población, pero la Salud Pública y el empleo se han deteriorado notablemente en el contexto de un modelo neoliberal en el que el capital financiero apuesta por el expolio y el control de los valiosos recursos naturales.
La combinación sostenida de alta desigualdad y un bajo crecimiento, ha generado en Panamá un claro desequilibrio. La crisis agudizada por la sindemia del Covid-19 demostró la rapidez con la que se pueden presentar los retrocesos y dejar desguarnecidos a los sectores productivos que están a merced de los monopolios.
En la esfera de la marginalidad, no figuran únicamente campesinos e indígenas, sino capas medias empobrecidas que requieren la construcción de caminos alternativos para fortalecer al Estado y hacer que los beneficios generados por el canal interoceánico y la posición geográfica garanticen el mayor uso colectivo posible.
Proponemos un debate sobre la inequidad, que se refleja en el marcado abandono y la falta de oportunidades, así como en los abusos en el ámbito económico, laboral, judicial y en la ausencia de una reforma fiscal que beneficie a las mayorías.
