La desigualdad social y “la revolución cultural”
Por Marco A. Gandásegui, (hijo)
Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos CELA
¿Pueden las ciencias sociales mitigar la desigualdad y sus amenazas? Mientras que en Panamá las políticas públicas siguen creando más desigualdad social (venta de las tierras de la antigua Zona del Canal o áreas revertidas, desmantelamiento de la Caja de Seguro Social (CSS) y otras iniciativas), las instituciones globales alertan sobre la amenaza de la creciente desigualdad social. Según el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales de 2016, “diversas evaluaciones han llegado a la conclusión de que el 1% de la población mundial concentra en sus manos casi la mitad de la riqueza poseída por el conjunto de las familias del planeta. También afirma que las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes como la mitad más pobre de la humanidad”.
El Informe Mundial nos dice que “la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades”. En el caso de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha ‘lotificado’ las áreas revertidas que rodean el Canal de Panamá y está vendiendo las parcelas a granel. Los bancos locales están promoviendo la división de la CSS en varias entidades para manipularla mejor según los intereses de los monopolios (no el mercado).
El comité científico que elaboró el Informe estuvo encabezado por el economista norteamericano, Joseph Stiglitz. El mismo que abandonó la comisión creada por el gobierno panameño para analizar la corrupción asociada al escándalo de los papeles de Mossack-Fonseca. Lo primero que detectó Stiglitz, en el caso de Panamá, es la falta de transparencia que existía en la misma comisión creada por el gobierno panameño. Cuando le pidió al gobierno más claridad se lo negaron. Como consecuencia renunció junto con otro comisionado.
En el caso del Informe Mundial sobre Ciencias Sociales, Stiglitz tuvo mejor suerte. Su Comité pudo presentar los resultados de la investigación al parlamento sueco la semana pasada. El Informe hace énfasis en que la desigualdad no es sólo económica. Indica que son muy pocos los países que investigan las repercusiones que puede tener a largo plazo la desigualdad social.
Hay conciencia sobre el “problema que representa el aumento de la desigualdad y la manera en que ésta se debe abordar”. A pesar de ello es poco o nada lo que se hace. “La reducción de la desigualdad es ante todo una cuestión de equidad y justicia social. Es también fundamental para erradicar la extrema pobreza, impulsar las transformaciones propicias para el desarrollo sostenible, promover el progreso social, reducir los conflictos y la violencia”. El Informe afirma que “ha llegado la hora”, hay que escuchar las voces de quienes son perseguidos, excluidos y reprimidos.
Comencemos conociendo mejor el país. En primer lugar, Panamá no tiene una economía competitiva y el mercado ‘nacional’ ha sido destruido por las políticas públicas de las últimas dos décadas. Al igual que la economía mundial, desde antes de la invasión militar norteamericana, la economía panameña se caracteriza por ser ‘oligopólica’. Es decir, todas las decisiones las toma un pequeño grupo que controla la economía, la política e, incluso, los resortes ideológicos.
En segundo lugar, desde el punto de vista político, estos intereses se expresan a través de partidos que se reparten los espacios gubernamentales que distribuyen las rentas que obtiene la posición geográfica del país. El tributo que los grandes países usuarios de nuestra posición geográfica le pagan al país ronda entre 10 y 12 mil millones de dólares. Cerca de 5 mil millones van directamente al bolsillo de los rentistas.
El Informe concluye que “la investigación en ciencias sociales puede contribuir a afrontar el reto de las desigualdades en la construcción del conocimiento. Esas desigualdades afectan los tipos de conocimientos producidos, a sus productores y a los sitios donde se producen. También comprenden las disparidades en el acceso a los conocimientos y la tendencia a dar prioridad a determinadas disciplinas”.
En Panamá se requiere de una “revolución cultural” para alcanzar el objetivo señalado por el Informe. En la actualidad, se invierte el 0,2 por ciento del producto interno bruto en investigación científica. Una fracción de esa cantidad se destina a las ciencias sociales. Habría que comenzar revolucionando a la Universidad de Panamá convirtiéndola en una institución de investigación. Además, hay que transformar el sistema educativo del país para que cada niño que entra a la escuela tenga un programa para llegar a ser ingeniero cuando culminan sus estudios.