La elección de Eduardo Leblanc al frente de la Defensoría del Pueblo, es otra de las decisiones con visos de corrupción y clientelismo que acumula la desacreditada Asamblea Nacional, con la complicidad de la silenciada dirección del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el voto mayoritario de su bancada de Diputados y la concentración con el oficialista partido MOLIRENA y el opositor Cambio Democrático.
La designación de esa figura tenebrosa, que, junto a la Contraloría General de la República, son los únicos nombramiento que por ley corresponde a la Asamblea Nacional, echa una carga de más lodo sobre el país en la lucha contra la corrupción.
En 2012, el Juzgado Décimo Tercero Penal, en un auto mixto condenó a 36 meses de prisión a cuatro ex funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), por el delito de peculado. Los condenados por la Justicia son Armando Guerra, Roberto Carillo, César Paredes y Eduardo Leblanc. Este último está involucrado en otras graves denuncias similares en su contra.
En 2019, un nuevo escándalo acaparo los titulares de la prensa. El diario local Panamá América reveló que el personaje de marras aparecía involucrado en negocios amañados, como el lavado de camiones recolectores de basura por parte de la empresa All Multiservicios Panamá, domiciliada en Las Minas, en la provincia de Herrera, y cuyo representante legal es el mismo Eduardo Leblanc.
Es inaceptable que el partido político liberador creado por Omar Torrijos, líder de la causa nacionalista, haya avalado a un ex convicto para que ejerza como el Ombudsman de Panamá. La Ley 7 de 1997 prevé que todo aspirante a Defensor del Pueblo debe tener solvencia moral y prestigio reconocido, y “no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más”.
La decisión parlamentaria de nombrar, como defensor del Pueblo a tan cuestionada persona, ha sido una clara bofetada a la población, golpeada por privaciones y escándalos de corrupción en medio de la pandemia y serios desafíos sanitarios. Provoca repulsión que el diputado Eric Broce, del PRD, haya postulado a Leblanc y afirmase que presumiblemente “cumple los requisitos legales y morales para ocupar ese cargo”.
Es inconcebible que los dirigentes del PRD mirasen hacia otro lado para que sus diputados tuviesen la libertad de elegir a un Defensor del Pueblo cuyo único mérito es provenir de las filas de la banca, un sector económico favorecido con fondos de protección financiera del Estado. No hay justificación alguna para preferir al Mercader de Venecia, antes que a los nobles luchadores sociales adheridos a la Justicia.
La Defensoría del Pueblo de Panamá está en las peores manos y es un hecho hilarante y a la vez triste que el cuestionado Ombudsman haya prometido que “trazaremos metas claras a corto, mediano y largo plazo”. La transparencia es una de las exigencias de la ciudadanía opuesta al engaño, para que los responsables políticos y los jerarcas administrativos den la cara a la nación y rindan cuentas por sus actos.
