Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
Han transcurrido algo más de un mes desde que el pueblo panameño inició la lucha en las calles por recuperar el enclave colonial minero edificado por la empresa transnacional First Quantum Minerals y sus 18 filiales, en las 17.000 hectáreas (Anexo #1 de El Contrato) alrededor de las faldas del Cerro Petaquilla.
“Radicalización Democrática” que cerró una etapa de la indignación popular, el 28 de noviembre cuando las personas de todas las edades celebraron el anuncio del Fallo de Inconstitucionalidad de la Ley N° 406 de 20 de octubre de 2023, “Que aprueba el Contrato de Concesión Minera entre EL ESTADO y la sociedad MINERA PANAMÁ, S.A.”, calendado el 27 de noviembre de 2023.
El propio 28 de noviembre se perfeccionó la Sentencia del Máximo Tribunal de Control Constitucional y Convencional, cuando fueron notificados el abogado proponente de la Acción de Inconstitucionalidad y el Procurador de la Administración. El jueves 30 de noviembre, a la hora que “mataron a Lola” (3:50 p.m.) fue recibida en la presidencia de la República, la renuncia del ministro de comercio de “ingrata recordación”, y en “conferencia de prensa” se anunció la creación de la “Comisión Técnica” de cierre de la mina. Finalmente, el 2 diciembre del presente año fue publicada en la Gaceta Oficial, N° 29,922, la Sentencia mediante la cual fue “expulsada del sistema jurídico” la norma en comento (pronunciada en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario).
Es decir, que ya ha transcurrido más de una semana, desde la fecha en que ella presidente de la República, designó a los ministros de Comercio, Trabajo, Ambiente y Seguridad para llevar adelante el proceso de “cierre ordenado, incluyente y participativo” de la mina, y, sin embargo, lo único que se conoce hasta la fecha es que la minera FQM está “dejando el plumero” (abandono de la mina) y el despido de más de cuatro mil (4.000) trabajadores.
Es claro, entonces, que el gobierno, por algún motivo, que no creo que sea incapacidad, no ha diseñado una “hoja de ruta” o Plan de cierre de la mina. Por el contrario, se ha iniciado un “mareo” mediático de la población en general, y la “judicialización” de la protesta democrática, al incoar procesos penales en contra del líder obreros, Saúl Méndez; el docente Diógenes Sánchez y el originario Toribio García; entre otros.
Evidentemente, el gobierno no le ha dado una correcta “lectura política” a la “insurrección popular” en el mes de la Patria y, en consecuencia, está ensayando el mismo mecanismo de julio de 2022, esto es, burlar el mandato popular. Creo que se trata de una muy peligrosa respuesta gubernamental que podría generar una más grave situación que las anteriores.
Hay medidas esenciales e inmediatas que el gobierno debe adoptar y no requieren de “estudios técnicos” muy complejos. Por ejemplo, la Fuerza Pública, a través de los “ejércitos” (Servicios de Policía) de SENAFRONT (Petaquilla) Y SENAN (puerto Rincón) deben “convoyar” (encabezar) junto con personal de los ministerios de Mi Ambiente, Comercio e Industrias, Trabajo y Seguridad, el inicio del cierre de la mina. Bajo ningún punto de vista, la clausura puede quedar al arbitrio exclusivo de la minera, el Estado panameño debe tomar posesión del enclave, “in situ”.
Hay tareas inmediatas que realizar, como calcular el número de trabajadores necesarios para las labores de suspensión de la actividad extractiva, de mantenimiento y de reconversión de actividades. También, es indispensable la reelaboración del Presupuesto General del Estado de 2024, donde deben ser incluidas las partidas presupuestarias necesarias para iniciar obras de infraestructuras pertinentes, por supuesto, se deben reducir gastos y re direccionar hacia las inversiones de la ampliación de la carretera hacia Petaquilla y del Puerto Rincón, estos trabajos deben formar parte del Plan General de cierre de la mina. Construcciones que serán vitales para las nuevas actividades económicas, de turismo, agroexportadoras y de mitigación ambiental, por ejemplo.
“El que contamina paga”, dice el derecho internacional, pero, qué le vamos a reclamar a la minera FQM, si ni siquiera hemos tomado posesión del territorio minero, para no mencionar todas las auditorías necesarias para la elaboración en términos inmediatos, y de mediano y largo plazo, el camino de la conquista del enclave minero de Cerro Petaquilla.
¡Así de sencilla es la cosa!
