La calificación de los candidatos a puestos de elección popular

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Alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega.

Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político

La justificada indignación de los panameños por el inadecuado uso dado por alcaldes y representantes de corregimientos a los fondos públicos transferidos de la administración central de la República a los gobiernos locales para la inversión en obras y servicios comunitarios, en virtud de disposiciones de la Ley 37 de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015, que descentraliza la Administración Pública, ha alcanzado su cenit con las desafortunadas declaraciones de los burgomaestres de las ciudades municipales más importantes del país: Panamá y Colón.

Las opiniones vertidas por los alcaldes José Luis Fábrega, de Panamá, y Alex Lee, del distrito de Colón, además de la desfachatez y cinismo político, revelan la pobre condición moral y ética de los susodicho. Pero, además, muestran una incapacidad e ineptidud manifiestas en lo que debiera ser el buen desempeño de su empleo; situación que resulta inadmisible para la mayoría de los ciudadanos, no sólo de sus respectivas municipalidades, sino de toda la nación.

En su defensa, dijo el alcalde de la ciudad de Colón y flamante presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA): “los gastos de movilización no son un ingreso, sino una herramienta de trabajo; porque alcalde que no camina, no sale de nuevo”.

¿Qué consecuencias jurídicas contienen estas impropias declaraciones?

Primero, se trata, sin duda, de una “notitia criminis”, de la cual se derivan, al menos, dos hechos punibles perseguibles en dos jurisdicciones distintas, a saber: delito electoral objeto de investigación de la Fiscalía Electoral y peculado de uso, que debe deslindar la jurisdición penal adversarial o sistema penal acusatorio (SPA).

Por su parte, el regidor municipal del distrito de Panamá expresó que no está obligado a sustentar los gastos de representación. En respuesta a las preguntas de los periodistas, manifestó: “La verdad es que nosotros hemos caminado durante la pandemia, en momentos más críticos de la pandemia y a nosotros no nos han hecho esa pregunta” (de rebajarse los emolumentos).

Respecto al aumento de los pagos de los ediles y el suyo, el burgomaestre de Panamá señaló: “Esto no viola la Ley. El municipio de Panamá es autónomo y desde el 2016 se ha venido publicando [ el aumento en los gastos de movilización] y súbitamente, de repente, se ha presentado una ola hacia los representantes de corregimiento y hacia los alcaldes“.

En conclusión, el reducido cerebro o la actitud asumida debido a la práctica del “mareo político” de uso corriente por los aludidos servidores públicos les impide —como causantes de las fechorías en los gobiernos locales— entender que la indignación ciudadana es moral y ética y obedece al malestar producido al enterarse del derroche injustificado de dineros públicos, en medio de la más terrible y más grande catástrofe sanitaria, económica y social de los últimos tiempos, que estremece los cimientos del planeta entero y, por supuesto, de la República de Panamá.

Ello me lleva al título de este ensayo, y es que las cúpulas de los partidos políticos debieran ser más selectivas en la selección de su oferta electoral; tomando en cuenta el perfil ético, moral y profesional del postulante, y no fundamentar la elección en un proceso, supuestamente, electoral-democrático, pero, desfigurado por una práctica de clientelismo político que permite el acceso a puestos de elección popular a figuras que en lugar de políticos, son realmente politicastros corruptos, que llegan a los cargos públicos a ver “que hay pa’ mi” o, lo que es lo mismo, a arrasar el erario.

Así de sencilla es la cosa!

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