Intervención de Uruguay Convocatoria al Órgano de Consulta del TIAR

Se pretende resucitar el tratado apelando a argumentos falaces y sin considerar las gravísimas consecuencias de esta actitud irresponsable.

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Tabaré Vásquez, Presidente de Uruguay

 

Señor Presidente,

Uruguay asiste a la presente convocatoria del Órgano de Consulta del TIAR para manifestar su posición respecto a la invocación de dicho instrumento bajo el argumento de que, consecuencia de la compleja situación humanitaria en Venezuela, existen factores que representan una amenaza a la paz y a la seguridad en la región y que ameritan la aplicación de los mecanismos establecidos en dicho Tratado.

Sin perjuicio de algunos breves comentarios que formularé a continuación y que tienen relación con vicios de forma y de contenido, adelanto desde ya la postura contraria del Uruguay a la aplicación de este instrumento.

El TIAR es resultante de un contexto histórico caracterizado por una acentuada bipolaridad entre dos visiones del mundo y la consiguiente tensión ideológico militar entre dos potencias militares.

El paso del tiempo y el fortalecimiento institucional de la región, entre otros factores, y también la creación de la OEA, fue transformando la lógica de la confrontación por la lógica del diálogo hasta llegar a nuestros días en que la enorme mayoría de los países del hemisferio creemos en la solución pacífica de las controversias, en el diálogo y en la negociación como la única forma de dirimir los conflictos.

Asimismo, y en línea con lo establecido en la Carta de Naciones Unidas rechazamos de plano el uso o la amenaza del uso de la fuerza incluida la aplicación de sanciones por parte de estados o grupos de estados.

En efecto, en su artículo 2.4 la carta de NNUU establece que los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

La resolución, aprobada con el voto de algunos miembros de la OEA el pasado 11 de septiembre, vulnera esta proposición. Podrá argumentarse que dicha proscripción contempla dos excepciones: primero, cuando se ejercita el derecho de legítima defensa individual o colectiva previsto en el artículo 51 de la misma carta o, segundo, cuando el Consejo de seguridad lo autoriza; pero ha de tenerse en cuenta que el artículo 53.1 de la misma carta establece que no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo contra estados enemigos.

¿Y Cuáles son los Estados Enemigos? El párrafo siguiente del mismo artículo lo establece: “todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta”.  Otra transgresión de la resolución mencionada en base a una definición tan perimida como el Tratado que hoy nos convoca.

Cabe recordar que, en ocasión de una sesión especial del Consejo de Seguridad celebrada en enero próximo pasado, Uruguay señaló que la situación en Venezuela no se encuentra dentro de la agenda del Consejo de Seguridad ya que ésta no constituye una amenaza a la paz mundial y a la seguridad internacionales.

Señor Presidente,

El TIAR ha sido invocado en escasas oportunidades, la última de ellas por parte de Estados Unidos ante los ataques terroristas de los que fue objeto el 11 de septiembre del año 2001.

Previamente, había sido invocado por Argentina en 1982, ante el ataque de una potencia transcontinental. Aquella solicitud no tuvo eco y dejó en evidencia la inoperancia del Tratado cuando quienes lo invocan carecen de la fuerza necesaria para imponer a los demás países su aplicación.

A partir de entonces Uruguay, como otros países signatarios del Tratado, consideró que este instrumento además de obsoleto estaba muerto y enterrado. Tan muerto y enterrado que ni siquiera un protocolo de reforma del Tratado que había sido aprobado en 1975 ha logrado las ratificaciones suficientes para su entrada en vigor.

Sin embargo, ahora vemos que se pretende resucitar el tratado apelando a argumentos falaces y sin considerar las gravísimas consecuencias de esta actitud irresponsable.

Pero si irresponsable y grave es intentar resucitar un instrumento que intrínsecamente supone la posibilidad del uso de la fuerza para la solución de los conflictos, no menos irresponsable y grave es la ilegalidad manifiesta de todo el proceso que nos ha traído hasta aquí y que lo invalida absolutamente.

En efecto, como sucede en el Consejo Permanente de OEA desde abril próximo pasado y como ocurrió durante en la 49ª Asamblea General de OEA, celebrada en Medellín en mayo pasado, está aquí presente con la complacencia de la Secretaría General y de parte de la membresía de OEA, una delegación que hipotéticamente representa a un Estado que ya no es parte ni de la OEA ni del TIAR.  Esta sola ilegalidad es más que suficiente para que esta sesión sea levantada de inmediato.

Sería mejor no tener que decirlo, pero debo insistir una vez más en lo que Uruguay ya ha señalado en muchas oportunidades, que por más que el señor Juan Guaidó sea reconocido por algunos países miembros de OEA como presidente a cargo de Venezuela, dicho reconocimiento no le da ninguna validez a nivel de esta organización, por cuanto esta no puede ni a través de su Secretario General, ni a través de resoluciones adoptadas por mayoría simple hacer extensivo dicho reconocimiento a los demás Estados miembros.

Uruguay reconoce y respeta al señor Juan Guaidó como líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero no lo reconoce como presidente a cargo de Venezuela. Esto no es una cuestión de orden personal, es una razón de derecho internacional y así personalmente se lo he expresado al señor Juan Guaidó en encuentros que hemos sostenido.

Consecuentemente, también está viciada de nulidad la participación de la representación de un hipotético gobierno a cargo en la reunión del 11 de septiembre que resolvió convocar a este órgano en consulta, por lo tanto esta resolución está también viciada de nulidad como lo dejó claramente establecido Uruguay en su nota a pie de página.

No somos necios, ni cómplices somos responsables y nos sentimos comprometidos con la institucionalidad de la OEA y por supuesto, por supuesto, que nos importa Venezuela y queremos lo mejor para ella.

Señor presidente,

El origen de este nuevo atropello a la institucionalidad interamericana tiene su origen en la aceptación por parte del Secretario General de la OEA de un instrumento de ratificación presentado por quien, como ya expresamos en la Asamblea General, no está legitimado para hacerlo.

Esto podría aparejar consecuencias aún más graves si aquí se adoptaran decisiones por la mínima mayoría requerida, decisiones a cuya aprobación hubiera contribuido con su voto esa delegación.

La imposición de la voluntad de algunos por una mayoría discutible (como lo es la tercera parte de los países de la región), es igual a imponerlas por la fuerza y Uruguay se opone a semejante atropello.

El fin manifiesto del TIAR es asegurar la paz y proveer ayuda recíproca para hacer frente a los ataques armados y conjurar las amenazas de agresión contra cualquier Estado americano.

El Tratado no fue diseñado para encarar conjuntamente conflictos políticos internos o amenazas internas a la seguridad nacional de un Estado americano en particular.  La invocación de la legítima defensa ante la crisis interna de un país de la región que no es parte de este Tratado es insensata y establece un antecedente peligroso e inaceptable para los demás Estados.

También desconoce y menoscaba la Organización de Estados Americanos, por cuanto ésta cuenta con instancias e instrumentos idóneos para la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y crisis que se puedan generar en la región, sin necesidad de recurrir a sórdidas interpretaciones que intentan ocultar inocultables intencionalidades políticas.

Lamentablemente hoy no es así y seguramente ello no es casual, pero una Secretaría General de OEA más ecuánime, que en vez de dedicarse a crear o a agudizar conflictos se dedique a ayudar a solucionarlos, sería de enorme utilidad en estas circunstancias.

El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, suscripto en Bogotá en 1948, aún con limitaciones, aún con insuficiencia, no implica el uso de la fuerza y también podría ser un instrumento más adecuado que el TIAR.

La invocación al art. 6º del TIAR y que figura en la parte expositiva de la resolución ilegalmente aprobada el 11 de septiembre pasado por el Consejo Permanente de la OEA carece de sentido y argumentación.

Dicho sea de paso, breve paréntesis, el 11 de septiembre además de ser aniversario de la suscripción de la Carta Democrática de la OEA y del atentado terrorista ocurrido acá en esta ciudad, es el aniversario de un golpe de estado en nuestra región, el aniversario del golpe de estado en Chile, convendría también recordarlo.

No se hizo ni siquiera el esfuerzo de darle un viso de legalidad a esa decisión (tristemente ya adoptada por los países que la impulsan) que implica utilizar la fuerza contra un país de la región, en contra de su voluntad y sin importar los estragos que pueda ocasionar, porque no nos engañemos, no hay uso de la fuerza de guante blanco.

Tampoco nos engañemos diciendo que invocamos al TIAR pero no queremos el uso de la fuerza.  Basta con leer el articulo 8º del Tratado para ver que la única medida que hasta ahora no se ha aplicado contra Venezuela es precisamente el uso de la fuerza, las demás en mayor o menor medida, de una forma o de otra, ya están en vigor.

En consonancia con la ilegalidad del proceso para la reunión de este Órgano Consultivo y la presencia en el mismo de una representación que se adjudica la representación de un Estado que ya no pertenece al TIAR, el proyecto de resolución que se pone a consideración de este cuerpo también es ilegal por cuanto no es competencia del Tratado identificar o designar personas o entidades asociadas a un gobierno involucradas en actividades ilícitas de lavado de dinero, de tráfico ilegal de drogas, de terrorismo y su financiamiento.

Tampoco es competencia del tratado identificar o designar personas que ejercen o han ejercido como altos funcionarios de un gobierno y que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves de los Derechos Humanos.

Por cierto que hay que combatir el flagelo del terrorismo, el flagelo del narcotráfico, el flagelo del lavado de activos, por cierto que hay que defender los derechos humanos y juzgar a quien los viola, grave o levemente, a todos; pero hay que hacerlo con los instrumentos y los mecanismos pertinentes siempre y en todos lados. ¿O acaso alguno de nuestros países es inmune a estos problemas?

La decisión a la que se apunta, que parecería estar inspirada en los anuncios realizados a principios de agosto pasado por un importante funcionario del gobierno estadounidense, cesado hace pocos días por sus posturas temerarias e inflexibles según lo expresado nada menos que por el señor presidente de ese país, está dividiendo a la OEA, generando una peligrosa polarización que va en aumento y cuyas consecuencias, si no detenemos esta maniobra, serán catastróficas.

Señor Presidente,

El verdadero elemento que pone en riesgo la estabilidad y representa una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio, no es la crisis venezolana, cuya gravedad en términos institucionales, políticos, económicos y sociales y de derechos humanos, no ignoramos y trabajamos para ayudar a revertirla.

Lo que amenaza a la paz y a la seguridad de nuestra región es la sistemática violación de la institucionalidad interamericana con fines políticos, fundada en tortuosas interpretaciones. Uruguay no va a contribuir al deterioro y destrucción del sistema interamericano, por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso con el mismo y su necesario perfeccionamiento, aunque ello nos lleve a revisar la pertenencia a instrumentos anacrónicos como este Tratado que nos convoca.

Muchas gracias.

 

 

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