Ocho millones de víctimas por guerra colombiana, solución pendiente
Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá, abr (PL) – Las víctimas del conflicto colombiano prolongado durante más de medio siglo suman hoy ocho millones, cifra que incluye casi 300.000 muertos, seis millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 45.000 desaparecidos.
Según estadísticas divulgadas por organismos especializados, en las denuncias de los perjudicados aparecen también otros crímenes como tortura, secuestro, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas, atentados, robo de bienes, mutilaciones por minas y reclutamiento de menores.
Durante el último año y en medio de las medidas adoptadas para disminuir la intensidad de la contienda, casi un millón de pueblerinos acudió a instancias estatales para reclamar auxilio al presentar pruebas de secuelas por uno o varios de esos sucesos.
El hecho de que ocho millones de colombianos hayan padecido la crueldad de la confrontación debe hacernos reflexionar e impulsarnos a poner fin a la violencia de una vez por todas, comentó a la prensa la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, que tiene el reto de resarcir a los afectados.
En correspondencia con los registros de esa entidad, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Nariño son los departamentos más castigados por la conflagración pues sólo en esas cuatro regiones tres millones de pobladores sufren de manera directa sus efectos, precisó el diario El Tiempo.
Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos recibieron algún tipo de compensación 590 mil habitantes dañados por la guerra, para lo que fue preciso invertir más de un billón de pesos, unos 333 millones de dólares.
Pero la cifra requerida para reparar a la totalidad de los contemplados en igual condición supera los 50 billones de pesos, unos 16 mil millones de dólares, añadió la publicación.
Además de la asistencia gubernamental, las víctimas de la conflagración solicitan ser consideradas como actores esenciales en la construcción del futuro escenario de paz, reclamo contenido en una misiva enviada al mandatario la semana previa.
Desde 2012, representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) dialogan en Cuba con el propósito de hallar una salida concertada al conflicto, conversaciones que transitan hacia la que pudiera ser su fase final.
Satisfacer los derechos de los perjudicados con un sistema integral de esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición fue uno de los pactos esenciales rubricados en Cuba entre ambas delegaciones el pasado 23 de septiembre.
En tanto las reuniones formales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), involucrado igualmente en la confrontación, podrían comenzar en mayo venidero en Ecuador, primer anfitrión de dichas citas las cuales tendrán otras sedes en Venezuela, Brasil, Chile y Cuba, garantes junto a Noruega.
Una de las premisas de ese otro proceso es aprovechar las sugerencias de las comunidades en la elaboración de los acuerdos conjuntos.
Mientras avanzan esas gestiones, los ciudadanos piden una suspensión de las hostilidades entre todas las partes beligerantes.
Analistas afirman que Colombia vive un cese el fuego de facto entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, sin embargo las tropas castrenses mantienen la ofensiva contra el ELN.
El Gobierno no debe repetir con el ELN los mismos errores que cometió con el primer movimiento rebelde, entre ellos el de dialogar en medio de enfrentamientos, declaró a Prensa Latina el politólogo y periodista, Carlos Lozano.
Aunque veedores aseguran que la violencia ligada a la guerra descendió hasta niveles nunca antes experimentados, la proliferación del paramilitarismo preocupa tanto a insurgentes como a defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones sociales, políticas y opositores, frecuentes blancos de intimidaciones y agresiones.
