Juicio político contra Rousseff revela asonada golpista
(Redacción de Bayano)
El proceso político urdido en contra de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dejó en claro el propósito golpista de los grupos derechistas apurados a sacarla del poder por cualquier medio, incluida la vía parlamentaria. Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil determinó –por 38 votos a favor y 27 en contra– que había “suficientes razones” para juzgar por presuntos crímenes “de responsabilidad” a la mandataria.
La iniciativa surgió como una aparente respuesta contra la corrupción, pero incluía una receta oculta, anticipada como un nuevo “Plan Cóndor”, según denunció el presidente de Ecuador. Rafael Correa, para el retorno de la derecha en Latinoamérica. El intento de desplazar a Rousseff ha sido tan burdo, que concitó una reacción de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo tras una reunión con Rousseff, que “no existe una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014”. Esta es, en todo caso, una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución, acotó el dirigente del organismo hemisférico.
La OEA considera que al estar ausente el juicio de certeza, la resolución positiva del “impeachment” (moción de censura en un proceso contra dignatarios) constituye un “acto de flagrante ilegalidad”. El pronunciamiento subraya que “Brasil ha sido ejemplo de democracia en el continente y todos necesitamos que lo siga siendo”. Asimismo, recalca que la comunidad internacional hace un llamado en esa dirección. “Se debe juzgar desde la decencia y la probidad pública actos indecentes y criminales, y no al revés”.
La UNASUR ha planteado, frente al proyecto de usurpación, que la presidenta Rousseff únicamente puede ser procesada y destituida -revocando el mandato popular que la eligió- por faltas criminales en las que sea comprobada la participación dolosa y activa, lo que no ha ocurrido. Sostuvo que aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo, llevaría a la peligrosa criminalización del ejercicio del gobierno por razones de índole simplemente política.
A su vez, el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, deploró que en el plenario de la Cámara de Diputados se produjera sólo una discusión de naturaleza política del pedido de “impeachment”, mientras las denuncias -que calificó de improcedentes- nunca fueron discutidas en profundidad. Según Cardozo, ex ministro de Justicia, el Gobierno recibió con tristeza e indignación la decisión de la Cámara de Diputados, que calificó de golpe a la Constitución Federal, a la democracia y a los 54 millones de brasileños que eligieron a la presidenta Rousseff.
El jefe del gabinete personal de la presidenta, Jaques Wagner, manifestó su confianza en que exista una mayor posibilidad para que la mandataria presente su defensa ante los senadores “y le sea aplicada justicia” que no desean sus detractores. La votación de la víspera es una “página triste”, aseveró Warner y advirtió que los legisladores amenazan con interrumpir 30 años de democracia en el país, para ejecutar un proyecto que no desean los brasileños.
Después del 25 de abril, una comisión parlamentaria tendrá 10 días para presentar un informe sobre la admisibilidad o no del procedimiento de destitución, el cual será votado y analizado por el pleno del Senado, cualquiera sea el resultado. En ambos casos, para su aprobación, se requerirá sólo la mayoría simple, y es allí donde se decidirá la suerte de un país enfrentado a la derecha.
