¿Juicio político contra Dilma Rousseff o golpe de Estado?
Por José de la Rosa Castillo
Brasil se ha visto convulsionado en el 2015 con la solicitud de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), quien fue reelegida para un segundo mandato con el 52% de los votos emitidos.
Los llamados a la salida de la jefa de Estado, pueden costar caro a esa potencia democrática que conquistó con dificultad la estabilidad en los últimos 20 años, debido a las políticas públicas de corte social impulsadas por el PT, que fueron legitimadas en dos períodos de gobierno consecutivos de Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del PT, y dos períodos para la presidenta Rousseff.
El ambiente político y social en Brasil está contaminado por un gigantesco escándalo de corrupción en la semi estatal Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras) –el mayor en la historia del país– que salpica al oficialista PT y a varios de sus socios en la coalición de gobierno. Aunque Rousseff dirigió el consejo de administración de Petrobras, entre 2003 y 2010, no ha sido acusada de ningún delito.
La presidenta es incriminada por poderosos grupos económicos, de manipular las cuentas públicas y de financiar su campaña electoral con fondos ilegales, dos asuntos que son investigados y que podrían conducir a un “impeachment” o juicio político.
Sin embargo, el “impeachment” puede ser un remedio muy amargo, y los efectos colaterales, muy penosos y traumáticos, indican analistas políticos brasileños, porque ello significaría un retroceso a la estabilidad democrática. En ese senido, muchos piensan que es mejor una presidenta debilitada, a que el Congreso controle el país.
Y los temores no son infundados. El problema es que quien suceda en el poder a Dilma, sería de una fuerza como el PMDB, (Partido Movimiento Democrático Brasileño), que aparentemente está involucrado en graves escándalos de corrupción, en los que son investigados tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el del Senado, del PMDB, el mayor aliado del PT en la coalición.
Rousseff ha permitido a la justicia avanzar en una investigación inédita sobre corrupción en Petrobras, pese a que el proceso ya ha puesto en la cárcel al tesorero de su propio partido y quien fue jefe de gabinete del ex presidente Lula da Silva, así como a varios empresarios de alto perfil en Brasil.
Rousseff ha garantizado la independencia de las instituciones, lo que constituye los trazos de una democracia sólida.
El procedimiento para el juicio político, había sido planteado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, “archienemigo” de la presidenta y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Cunha es acusado por la Procuraduría General de la República de haber cobrado coimas por al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción en Petrobras, e intenta desviar la atención de su caso, Cunha embistió contra la mandataria el 2 de diciembre, al aceptar uno de los pedidos de “impeachment” que tenía bajo análisis.
Si el Senado lo aprueba, Rousseff podría ser reemplazada temporalmente por el vicepresidente Michel Temer (también del PMDB), y sería destituida de manera efectiva si dos tercios de la Cámara Alta (41 miembros) votasen a favor de esa moción.
La investigación aparenta ser un mero proceso judicial contra la presidenta, pero tiene los visos de un golpe de Estado institucional, toda vez que son los opositores a la actual mandataria quienes la encausan sin base legal para provocar su destitución. La salida o reemplazo de la presidenta desencadenaría la peor crisis política, profundizando la recesión en la mayor economía de América Latina.
Lo importante es que Brasil continúe impulsando las políticas públicas de corte social, a favor de los sectores más necesitados, para hallar soluciones a las demandas legítimas del pueblo expresadas en las manifestaciones callejeras, por encima de los intereses personales y la manipulación de las instituciones políticas.
