IDEN propone revisar modelo económico de Panamá

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Phd. Aristides Isaac Gómez, director del IDEN.

El instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (IDEN), dirigido por Aristides Gómez, acaba de pronunciarse ante la crisis que estremece a los sectores sociales en este país.

Bayano digital incluye en esta sección el texto de un comunicado emitido por el IDEN, en el que se analizan los aspectos más sobresalientes de la compleja realidad política y socioeconómica.

COMUNICADO A LA NACIÓN

La Universidad de Panamá, en el ejercicio de su rol como conciencia crítica de la nación, manifiesta su preocupación por la situación económica, política y social que vive el país.

La alborada del siglo XXI planteó para Panamá una nueva situación con excelentes e inéditas oportunidades con las que muy pocos países han contado en la historia. La herencia que entonces se denominó áreas revertidas de la ex Zona del Canal, el propio Canal de Panamá y la plataforma previamente existente liderada por la alianza Zona Libre – Centro Bancario permitieron articular y ampliar una nueva plataforma logística de comunicaciones y servicios que situó al país como una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo.

Sin embargo, en los últimos años, el país ha atravesado profundas transformaciones en su tejido político, económico, social e institucional. La historia reciente, en términos políticos, ha oscilado entre una frágil institucionalidad y altos niveles de corrupción, generando en la población fuertes sentimientos de insatisfacción y desconfianza que contribuyen al desarrollo de conflictos sociales, potenciándolos y convirtiéndolos en un elemento central de la vida sociopolítica y en el principal recurso de los grupos y organizaciones sociales para buscar la satisfacción de sus necesidades y demandas.

Actualmente, hay una crisis social en el que la población está exigiendo mejor calidad de vida, sobre todo, una reducción en el precio del combustible, la canasta básica alimentaria y los medicamentos.

La presión popular en los últimos días ha estado en ebullición y la respuesta del gobierno ha sido la implementación de medidas de contención del gasto público. La reducción del 10% de la planilla estatal no resuelve la situación que vive el país, más bien la agudiza; es decir, un total de 27 000 funcionarios públicos pasarían a la categoría de desocupados y eso no es un criterio ni económico ni social el afectar a los más vulnerables del país, cuando existe otras medidas que se pueden tomar con ventajas.

Por un lado, para la generación de empleo, es bien claro que, si el Estado y el sector privado no invierte, no habrá ninguna posibilidad de generación de empleo. Las cifras nos están diciendo, que el presupuesto del Estado tiene un rubro de inversiones de más de 150 millones y el pago de planilla se va alrededor de 500 millones de balboas. Por lo tanto, tenemos que ser más racional y técnicamente responsables para buscar y resolver la problemática social que presenta hoy en día el pueblo panameño.

Por el otro lado, el congelamiento de algunos productos de la canasta básica alimentaria tampoco resolverá el problema de su elevado costo. El verdadero problema subyace en que tenemos una economía basada en el oligopolio, fuera del contexto de una verdadera economía de mercado, donde predomina la especulación, la colusión de precios y la intermediación de productos agrícolas.

Aparte, los carteles de la medicina, la alimentación y los oligopolios de los combustibles que, utilizando los mecanismos no generados por el mercado sino por leyes especiales, les permiten mantener precios especulativos y de colusión encareciendo el costo de vida de los panameños.

Se hace imperativo que el Estado tome medidas enérgicas sobre estos carteles de la intermediación, esta sería la forma más correcta de garantizar precios del mercado. Como ejemplo, tenemos que la evasión fiscal del año 2009 al 2019, por incumplimiento tributario, es decir, evasión del impuesto sobre la renta, alcanzó la suma de 34 968,3 millones de balboas, haciendo un total de más de 3 496,93 millones por año, por ende, el Estado mantiene esa evasión que no es del pueblo sino de los poderes económicos del país.

Con respecto al ITBMS, un informe emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) indica que en Panamá hay una evasión del consumo que asciende al 39,7%, desde el año 2009 al 2019, es decir, más de 11 455 millones de balboas; esta suma es aproximadamente de 1 189,3 millones de balboas por año de evasión. Esta evasión total representaría un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Destacamos las dos formas significativas de evasión fiscal, a saber: la elusión y la evasión fiscal. La elusión fiscal, se da cuando el contribuyente utiliza maniobras permitidas para no pagar o generar el impuesto, mientras que la evasión fiscal las realiza para el no pago de forma consciente, en cuyo caso esta acción si viola la ley. Esto significa que el Estado panameño debe revisar las leyes que permiten la elusión y evasión fiscal, con las cifras astronómicas antes mencionadas de la evasión fiscal, al menos deberíamos cobrar un 50% de los impuestos evadidos, lo recaudado serviría para hacerle frente a los problemas sociales del país.

Por todo lo expuesto, proponemos lo siguiente:

  • Exigir a la Dirección General de Ingresos mayor eficiencia en el cobro de los impuestos y la revisión de leyes para evitar la elusión y la evasión fiscal.
  • Hay que sugerir que se utilice el Fondo de Ahorro de Panamá, creado por medio de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, y que tiene como uno de sus objetivos principales el establecer un mecanismo de estabilización para casos de estado de emergencia (declarado por el Consejo de Gabinete) y desaceleración económica. Además, ha sido reconocido, a mediados de este año, por Global SWF en su Reporte anual de Gobernanza, Sostenibilidad y Resiliencia como el mejor Fondo Soberano de Latinoamérica.
  • Realizar una revisión metodológica del cálculo del combustible al consumidor, ya que los distribuidores no utilizan el mercado norteamericano para aprovisionarse de combustible.
  • Revisar las tasas impositivas de los puertos y de los ingresos altos.
  • Reducir el gasto público presupuestado en rubros que no afecten su funcionamiento.
  • No reducir la planilla estatal, sino congelar vacantes hasta que pase la crisis internacional y que solamente sean nombrados en materia educativa y de salud.
  • Es necesario el análisis de los subsidios principalmente del sector privado y que se dé una mayor eficiencia en los subsidios como programas de 120 a los 65, Red de oportunidades, el subsidio a la electricidad, el tanque de gas, entre otros. Por ninguna circunstancia debemos eliminar los subsidios que favorecen a la gran mayoría del pueblo panameño.
  • Revisar periódicamente el presupuesto de la Asamblea Nacional.
  • Al sector privado intermediario, es decir, el sector comercio y a los intermediarios del sector agrícola, hacer un análisis concreto y determinar los verdaderos precios y ganancias para evitar la especulación y colusión de precios. Estos precios deben ser cónsonos a las reglas del mercado.
  • En cuanto al mercado de la medicina, convertidas en oligopolistas y que algunas prácticas se han convertido en monopsonio, es necesario que el Estado rompa con estos carteles y los obligue a seguir las reglas del mercado, evitando la especulación y colusión de precios.
  • Al sector minero, específicamente el de cobre, es necesario darle seguimiento a la producción de ese metal y su contenido en oro, ya aceptado por la compañía, y su proceso de desglose debe darse en Panamá y no en el extranjero, para conocer el porcentaje de oro que se lleva la compañía sin que el Estado panameño tenga un beneficio real del mismo.
  • Revisar los bonos que se le da a los empleados públicos como es el caso de la aduana y la aeronáutica civil, beneficio que no los tiene funcionarios de otras instituciones públicas.
  • Los dineros cautelados en el narcotráfico y la corrupción deben ser directamente destinados para terminar, de una vez por todas, con las escuelas rancho.
  • Se debe crear un centro de acopio de comida, medicina o muebles para que sean utilizados y suministrados en las zonas indígenas del país.
  • En vez de la reducción de los funcionarios públicos, se debe dar una reducción de lo que cobran más de 2 500 balboas y que esta reducción equivalga entre un 5% y 10% de su salario.
  • Los funcionarios con altos salarios en el Gobierno no deben tener más de 2 o más familiares asalariados en el sector público.
  • Se hace imperativo derogar la ley 789, sobre el incentivo de fomentar el turismo en Panamá, en vista de que esta ley beneficia a un sector reducido y muchas de ellas están ligadas al poder del Estado.
  • Realizar una revisión de los costos del turismo en Panamá y que se haga una propuesta compacta para ser más competitiva y atractiva. Entre la que se puede mencionar, la aviación panameña cuyos pasajes son tan costosos que no hay incentivo de viajar a Panamá como turista.
  • Urge un cambio de gabinete con equipo que pueda dar respuesta al pueblo panameño.
  • Destinar el presupuesto anual no ejecutado por parte de instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, a los programas sociales. Dada la incapacidad administrativa de gestión presupuestaria de la mayoría de las instituciones públicas, muchas de ellas, no logran ejecutar un 30% de su presupuesto, esto significaría un ahorro que puede ser utilizados para resolver los problemas en el orden social.
  • Es fundamental que el Estado practique la ley de transparencia en la gestión pública, incluida la autorización de los fondos de la deuda pública hoy en día suma más de 42 812.75 millones de balboas, representando el 63% del Producto Interno bruto.
  • En cuanto al programa de retiro voluntario dentro del sector público, ningún funcionario debe irse con menos del 70% de su salario. Ante esto, el Gobierno central debe contribuir o la caja del Seguro Social complementando con dicho porcentaje y que no sea solamente para las jubilaciones bajas, sino para los que tengan salario de más de 2 000 balboas. Esto es para evitar que la persona quiera mantenerse laborando, ya sea en el sector público o privado, dado que esto puede afectar su calidad de vida.
  • En un principio, nuestro análisis estaba de acuerdo con el precio del combustible a 3,95 dólares propuesto por el Gobierno Sin embargo, observando los precios que rige los costos de la gasolina a nivel mundial, organismos como la OPIS (Oil, Price, Information and Services) y el Crude Oil and Commodity Prices, ha mostrado una tendencia a la baja del precio del barril del crudo a 95,78 y sigue disminuyendo, significando que el precio del combustible ronda entre 3,16 y 3,19. Por lo tanto, nuestra propuesta es: establecer el precio el galón del combustible en Panamá, con un precio alrededor de 3,47 el galón, siendo un precio que según, los agentes del Gobierno no es posible, debido a que se incrementaría el subsidio que asumiría el Estado. Nosotros consideramos, que la compañía oligopólica de los combustibles y el Gobierno Central, tienen las facilidades de regular la actividad, evitando la especulación y la colusión de precios en prejuicio de los consumidores, esto es posible, dado que la Constitución panameña lo permite. Además, en aras de la paz social, que el Gobierno no ha sabido mantener por su pésima política económica y social, vale la pena, mantener el precio sugerido. Por otra parte, la cascada que vendría en la disminución del costo de la vida, sería muy beneficioso para la población panameña ya que no habría excusas para el comercio y otras actividades económicas, aumentar precios que afecten al pueblo panameño. También, nos evitaríamos los subsidios otorgados, como es el caso de los transportistas, se disminuiría el costo de la canasta básica y costo de materiales para la producción y prestación de servicios. Conseguiríamos una paz social, es decir, la ganancia es de todos, tanto para la población panameña como para el Gobierno Central.
  • Por último, es urgente y necesario hacer una revisión del modelo económico de Panamá, según el sociólogo Mario Enrique de León, indica que el modelo económico panameño es un modelo dual, desigual, fragmentado y excluyente. Es por ello, que es importante definir el rumbo que debe tener la economía y la sociedad panameña, ya que actualmente no hay una definición de qué ruta debemos seguir para que podamos vencer los problemas sociales que datan del inicio de nuestra era republicana……….. A modo de comparación, tenemos el ejemplo típico de esta situación, el caso chileno donde se experimentaba crecimiento y estabilidad económica que según investigadores de la economía, Chile era de los pocos países de Latinoamérica, en la cual la sociedad podía pasar a tener las condiciones económicas y sociales de un primer mundo. Sin embargo, los movimientos populares generalizados, demostraron la profunda desigualdad económica, misma situación reflejada en nuestro país actualmente. Esto conlleva contextualizar, que los crecimientos que se dieron en Panamá, sobre todo en el año 2011, ascendió a un 11,8%, y para el año 2012 fue de 10,6%, los crecimientos económicos más altos de la historia panameña. Para el año 2012, específicamente el incremento exponencial del sector construcción que representó un 27.8%, las minas y canteras 26,7% y el transporte, almacenamiento y comunicaciones con 13,2%, hoy día llegar a estas cifras, ya no es posible. Por otro lado, ese crecimiento se originó por el alto consumo de los panameños, tarjetas de crédito y otros tipos de crédito que completaban el ingreso mensual, situación que actualmente, es casi imposible, dada la poca contribución de nuestro sistema financiero y las altas tasas intereses que han encarecido la vida de los panameños, mermando la demanda, afectando evidentemente a la oferta, entre otros factores de crecimiento, el dinero producto de la economía subterránea y que hoy día, dada las restricciones impuestas por los organismos internacionales, se mantienen ocultos. A parte, se hace categórico, definir una nueva ruta económica y social del país, una ruta que promueva otras actividades productivas, en otras palabras, diversificación de la producción, en vista que no podemos seguir con el modelo económico transitista, caracterizado por su exclusión social y una pésima distribución de las riquezas, fomentando la desigualdad económica.

En ese sentido, como Universidad de Panamá, nos comprometemos a redoblar esfuerzos para aportar a las soluciones que permitan asegurar un desarrollo inclusivo, sostenible y justo.

Phd. Aristides Isaac Gómez.
Director

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