Por David Carrasco
Operadores turísticos y ambientalistas exigen al gobierno que reconsidere y desista del proyecto dirigido a crear una terminal petrolera en Isla Boná, en el Golfo de Panamá, ya que esa iniciativa económica amenaza a un santuario de aves marinas endémicas y migratorias, y sitios turísticos.
El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), Armando Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que “debemos hacer un alto en este proyecto y reconsiderar la medida, porque las afectaciones que se registrarán en inversiones turísticas y residenciales ya establecidas serían latentes”, de acuerdo con estudios serios.
El dirigente del gremio hotelero previno a la opinión pública sobre la posibilidad de que comunidades ribereñas del Pacífico, como Playa Bonita, Punta Chame, Coronado, San Carlos, Río Hato, sean perjudicadas por la operación de la actividad petrolera.
Rodríguez compartió las reclamaciones de organizaciones ambientalistas, entre ellas Tortuguías, que consideran “insostenible” el arrendamiento por 20 años de unas 35 hectáreas de superficie de esa isla a la empresa Boná Pacific, Corp. (BPC), para la construcción y operación de una terminal petrolera de alto calado, a través de una inversión de 250 millones de dólares.
Representantes de esa compañía indicaron que la terminal está diseñada para abastecer de combustible a buques que utilizan la vía interoceánica, a través de la cual transita el seis por ciento del comercio marítimo mundial. La obra prevista incluye ocho tanques con capacidad de 100.000 barriles de petróleo por año.
Hablan los abogados
Al respecto, la presidenta de la Alianza por la Conservación y Desarrollo (ACD), la jurista Susana Serracín, manifestó el “rechazo en forma firme” al proyecto petrolero en Isla Boná, debido a que la propuesta económica pondría en peligro a un sitio de gran biodiversidad, que debe ser declarado refugio de vida silvestre.
Precisó que, además de albergar a especies únicas de aves, la isla permite el desarrollo de la pesca y actividades ecoturísticas de buceo y avistamiento de cetáceos marinos, de las cuales se beneficia los habitantes en las islas del Pacífico panameño.
Serracín advirtió que en el instante en que sea aprobada esa polémica iniciativa, Panamá violará en forma flagrante el Convenio CITIES, uno de los mayores acuerdos existentes sobre protección de especies, y el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, creado para apoyar y promover los proyectos de conservación.
En ese sentido, el abogado ambientalista Donaldo Sousa, señaló que las organizaciones sociales se han movilizado para detener por medios legales el proyecto de la terminal petrolera, que previamente recibió el “visto bueno” (respaldo) del gobierno.
Sousa adujo que falta más información para determinar quiénes están detrás del lucrativo y millonario negocio de la venta de combustible. Sin embargo, aclaró que ha interpuesto una demanda contra los proponentes y los representantes legales de la empresa que quiere explotar a una ínsula de importancia ecológica,
“Exigimos al presidente de la república, al ministro de Ambiente, a los ministros del Consejo Económico Nacional (CENA) que detengan cuanto antes este proyecto en Isla Boná, por ser un atentado a la vida y al ambiente de la nación”, acotó el jurista.
Sousa denunció que los ambientalistas panameños se oponen, además, al desarrollo de una planta de gas e instalación de termoeléctricas en la vertiente del Caribe, ya que ello eleva los riesgos de contaminación de aguas marinas con hidrocarburos. Subrayó que, en vez del uso de usinas, Panamá debería apelar al aprovechamiento de la energía eólica y fotovoltaica solar, para la generación de electricidad.
