Dos organizaciones de consumidores panameños destaparon una gran estafa en el sector inmobiliario en Panamá, que consiste en la venta de casas, apartamentos y oficinas con menos metros cuadrados de los que han sido previstos en contratos oficialmente aprobados, muchos de ellos con financiamiento bancario autorizado.
La acción dolosa fue confirmada por el secretario general de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), Pedro Acosta, durante una entrevista concedida a Bayano digital. El activista indicó que el descubrimiento fue efectuado conjuntamente con el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios, (IPADECU).
Acosta resaltó que hay evidencias sobre la adquisición de propiedad horizontal con cuatro y hasta siete metros cuadrados menos, respecto a los que deberían poseer el apartamento. Advirtió que si ese ese hecho irregular se repite en todo el condominio, la estafa colectiva puede superar los 100.000 dólares, y debería ser denunciada.
“Hemos descubierto y comprobado en una gran cantidad de casos, que una cosa son las dimensiones que tendría la propiedad que la persona compra, y otra lo que realmente tiene. Hay que recordar que la publicidad forma parte del contrato, y ello sirve a promotoras para enganchar a los consumidores en ferias de viviendas”, acotó.
El estudio efectuado reveló que hubo personas que firmaron contratos de compra-venta, inscritos en forma de escrituras en el Registro Público y posteriormente comprobaron que sus casas miden menos que las aprobadas en sus hipotecas, No se descarta que varios bancos estén involucrados en actos lesivos contra la población.
Debido a ello, UNCUREPA e IPADECU lanzaron un programa de defensa a los consumidores, denominado “Con suma medida”, dirigido a verificar el metraje de viviendas y oficinas. Los consumidores pueden llamar al teléfono 390-8899 para exponer sus casos, cuando haya sospecha de alguna estafa inmobiliaria.
Bayano investigo sobre el tema y comprobó que las querellas contra inmobiliarias en los Departamentos de Conciliación y Decisión de Quejas fueron por el orden de 290 millones de dólares, de mayo de 2006 a enero de 2016. La lista la encabezan los incumplimientos de contrato, por 106 millones de dólares, seguidos por incumplimientos de garantía, por 59 millones de dólares.
Las denuncias coinciden con un “boom” inmobiliario y un aumento del 20 por ciento en el costo de viviendas en Panamá en los últimos ocho años. A ello se suman vicios ocultos, como daños estructurales en columnas y paredes, malos acabados o roturas de tuberías de baja calidad, que imponen un costo adicional al comprador, quien tiene cinco años para reclamar, pero luego se percata de que la sociedad con la que hizo negocios ya no existe.
En medio de denuncias de estafas frecuentes y masivas, el Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (Convivienda), la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) coinciden en señalar que las inmobiliarias deben acogerse a la transparencia.
Al respecto, Acosta manifestó que es necesario que el comprador compruebe las condiciones del contrato, incluso en áreas reservadas a estacionamientos de vehículos para los visitantes del inmueble. Recordó que un fallo judicial obligó a una inmobiliaria a construir estacionamiento que faltaban en un edificio nuevo.
El dirigente de UNCUREPA abogó por poner fin a la impunidad en Panamá y terminar con la conducta del “juega vivo” en el negocio inmobiliario, que afecta a las familias panameñas y pone a prueba el sistema judicial y de solución de conflictos en Panamá.
Aclaración: Bayano digital preguntó a la Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá cuántos ejecutivos de firmas inmobiliarias en Panamá están detenidos o condenados en la cárcel La Joyita, por estafa, pero no hubo respuesta alguna.