Por Rafael García Denvers
Coordinador de Vanguardia Torrijista (VT)
El alpinismo generacional, diseñado para garantizar el ejercicio de la soberanía total en las áreas canaleras, se traduce en la lucha a favor de la Integridad del territorio, convirtiéndose, de esa forma, en un reto permanente, como lo demuestra la historia desde el período de la colonia. Asimismo, hay que recordar que, por su característica de tránsito internacional, Panamá ha sido blanco del vandalismo y el atropello de aventureros y amantes de la riqueza fácil.
Por ello, conviene tener presente y valorar el pasado, con el propósito de evitar errores en el futuro. Ese cúmulo de experiencias en las reivindicaciones nacionales debe ser una de las lecciones aprendidas de la gloriosa batalla librada en enero de 1964.
Luego de 60 años del derramamiento de la sangre del pueblo, empeñado en reclamar el derecho a la recuperación de los territorios usurpados por Estados Unidos, que ejercía una custodia “como si fuesen soberanos”, los gobernantes panameños se han comportado como herederos de los cómplices del robo a la naciente república en 1903, que fue sometida al Tratado Hay-Bunau Varilla.
En alianza con los poderes del gran capital, los grupos económicos hegemónicos vuelven al ataque con la intención de apropiarse de un nuevo territorio: el distrito Donoso y otras áreas con grandes reservas minerales, para saquear lel subsuelo panameño y arruinar el futuro a las nuevas generaciones, al contaminar las aguas y causar la devastación en las selvas tropicales.
Antes de la transferencia de la vía interoceánica y sus áreas adyacentes a manos panameñas, el territorio segregado de la llamada Zona del Canal se regía por las leyes de Estados Unidos de América. En esa franja canalera se aplicaban los fallos emitidos en idioma inglés por jueces norteamericanos y las sentencias eran inapelables en cortes panameñas.
La Zona del Canal contaba con una fuerza policial, tribunales de Justicia y jueces, compañía telefónica con código de área propio, empresa de electricidad, agua potable, bomberos, hospitales, lugares de diversión, cines y teatros, cafeterías, pistas de boliche y canchas de tenis, campo de equitación y otras facilidades, en una especie de reproducción del estilo de vida estadounidense. Todo ello estaba cubierto por las rentas anuales de la operación del Canal. El jefe de la compañía canalera también era gobernador de la Zona del Canal e integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
Aquel abolido enclave colonial guarda relación con el contrato minero rechazado en Panamá en 2023. Sin duda, su formato recordaba a la Zona del Canal, ya que imponía la prohibición de entrada a la zona de explotación minera, restricciones para el acceso de las autoridades, además de las concesiones de puerto, generación de energía, uso y administración del recurso hídrico. Esas concesiones eran la base para instaurar un nuevo enclave y volver a asesinar a los mártires de enero de 1964.
La defensa de la soberanía panameña no sólo es materia licita cuando se debate la intromisión de otros gobiernos en los asuntos internos de Panamá. La soberanía es irrenunciable cuando el capital financiero y las transnacionales vienen a este país con el espíritu colonial para robar a manos llenas las riquezas de naciones como la nuestra, que tienen pleno derecho a un futuro digno.
Defendamos el patrimonio nacional, como lo hicieron los mártires hace 60 años. Esos patriotas valerosos lucharon por la soberanía y el derecho a beneficiarnos colectivamente de las riquezas minerales, geográficas, culturales y humanas.
