Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
El próximo 11 de septiembre se cumple el cincuentenario del golpe militar dirigido por el general Augusto Pinochet Ugarte y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en contra del gobierno de la “Unidad Popular”, del presidente mártir Salvador Allende. En este marco de reflexión se inscribe el presente ensayo.
El cruento golpe militar de 1973, inauguro la época del neoliberalismo en Chile o el modelo de los “Chicago Boys”, de Milton Friedman, y seguidores. Una década después del “milagro económico chileno”, edificado sobre miles de tumbas, se estrena el neoconservadurismo (“neo-con”) con los gobiernos de derecha conservadora de Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos y Margaret Thatcher (1979-1990) en el Reino Unido.
Los fundamentos del neoconservadurismo en los denominados países desarrollados y neoliberalismo en las naciones de la periferia, fue el dominio hegemónico del capital financiero y sus instituciones emblemáticas el mercado y la democracia liberal. Ambas instituciones fueron severamente erosionadas durante la “Gran Depresión” de 2008-2009. Misma que tuvo como colofón la especulación financiera del “capital golondrina”, la debacle del sistema bancario, primero, en Estados Unidos y luego en el resto del mundo.
Durante las décadas que siguieron a la depresión de inicios del siglo XXI, la crisis ha persistido, el mercado, producto de la distorsión de los monopolios y oligopolios, no puede proporcionar seguridad ni bienestar a la población y la democracia liberal ha devenido en regímenes políticos autocráticos o gobiernos de minorías excluyentes o de plutocracias corruptas y clientelares.
Las frustraciones y descontentos se multiplican en los cinco continentes y los indignados brotan como hongos y se multiplican por cientos de millones los “emputados”. La protesta popular es masiva y las demandas democráticas son diversas. De modo que los conflictos, pareciera no encontrar mecanismos idóneos de solución en las democracias de fachada.
En Panamá, el neoliberalismo afincó sus garras en la última década del siglo pasado, cuando la oligarquía fue instalada en el poder, después de la invasión norteamericana a Panamá, el 20 de diciembre de 1989. Durante el primero y segundo gobierno pos invasión se llevó a cabo el proceso de privatización de las empresas estatales, siendo las más emblemáticas las compañías de servicio de electricidad (IRHE) y de comunicaciones telefónicas (INTEL).
El argumento principal, fue que el sector privado era más eficiente e inclusive podría abaratar el costo de dichos servicios, la realidad histórica, es que fueron modernizados los servicios, pero las tarifas aumentaron de forma exagerada.
Los monopolios y oligopolios multinacionales, en el caso del suministro eléctric, pese al aumento de las tarifas, han desmejorado el servicio, particularmente, en las provincias del interior de la República, donde la transnacional española Naturgy, es objeto de múltiples denuncias y quejas por los constantes apagones. Asimismo, se ha acentuado la brecha de la desigualdad y la inequidad. El 10% más rico percibe el 65% del producto; mientras que el 10% más pobre apenas el 1% de la riqueza nacional.
En materia política, la democracia liberal ha desaparecido de la faz del Istmo, su lugar ha sido ocupado por regímenes políticos de minorías enriquecidas al rescoldo del erario y se han enquistado en el poder cual rémoras políticas, instituyendo los gobiernos de la plutocracia corrupta y clientelar.
Esa “clase política” en el poder se ha caracterizado por vender la riqueza nacional y las ventajas de la privilegiada posición geográfica y superioridades competitivas, a empresas transnacionales, siendo los casos más recientes la renovación automática del leonino contrato de concesión portuaria a Panamá Ports Company, subsidiaria de la empresa transnacional china Hutchinson Ports.
Así como el intento del gobierno para que la Asamblea Nacional apruebe el Proyecto de Ley N°1043, por el cual se aprueba el leonino, abusivo y, todas luces, inconstitucional CONTRATO del Estado con Minera Panamá, S.A. Mediante ese instrumento contractual, la República de Panamá cede su soberanía, su inmensa riqueza cuprífera, sus recursos hídricos y promueve la contaminación irreversible del “corredor biológico mesoamericano”; a cambio de “una guayaba”.
En síntesis, parafraseando a Antonio Gramsci, “el viejo mundo –neoliberalismo— se muere y, el nuevo –democracia radical— está por llegar y, en ese claroscuro surgen los monstruos”: la plutocracia corrupta y clientelar.
¡Así de sencilla es la cosa!
