Organizaciones nacionales e internacionales exigen al gobierno salvadoreño retirar los cargos contra los cinco Defensores del Agua detenidos el 11 de enero de 2023.
Ese día, por orden del Fiscal General de la Republica, la policía arrestó a cinco destacados defensores del agua en el norte de El Salvador: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. Después de pasar ocho meses bajo prisión preventiva sin acceso a sus familias, al equipo legal ni a atención médica adecuada, los cinco fueron puestos bajo arresto domiciliario en septiembre de 2023, pero los cargos no fueron retirados.
Estas personas fueron parte de los líderes de la histórica y exitosa campaña que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de Minería Metálica de metales en 2017, para salvar los ríos de esa nación. En el 2009, el Instituto de Estudios de Políticas (IPS) honró a la coalición que varios de los cinco ayudaron a construir, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt de IPS.
Debido al pobre desempeño de la economia, incluido el fracaso de la imprudente adopción de Bitcoin, el gobierno salvadoreño está bajo una enorme presión para encontrar nuevos ingresos. Según los informes, el gobierno está considerando revocar la prohibición de la minería y permitir el ingreso de corporaciones mineras destructivas para el medio ambiente. Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en El Salvador han declarado que los arrestos tienen motivaciones políticas, ya que buscan silenciar a estos Defensores del Agua y desmovilizar la oposición comunitaria en este momento crítico.
Los cinco están acusados por el Fiscal General de El Salvador de un presunto asesinato hace más de 30 años durante la brutal guerra civil en El Salvador que cobró la vida de 75,000 personas. Las víctimas de los crímenes de esa guerra, en la que una dictadura respaldada por los Estados Unidos y escuadrones de la muerte derechistas mataron a decenas de miles, llevan décadas pidiendo justicia. Si embargo, el gobierno actual ha optado por continuar decadas de impunidad.
En lugar de investigar o enjuiciar a los responsables de las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que militares salvadoreños cometieron contra la comunidad de Santa Marta (incluidos los asesinatos de la masacre del río Lempa en 1980, donde fueron asesinadas 30 personas y 189 desaparecidos), el gobierno ahora está revictimizando a la comunidad al atacar a sus líderes, quienes se han manifestado abiertamente en contra de las políticas del gobierno actual. Esto genera aún más dudas sobre si la verdadera motivación del Fiscal General es intentar silenciar a los Defensores del Agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus opositores políticos.
Durante todo el año, el gobierno salvadoreño no ha presentado ninguna prueba de culpabilidad de los cinco; ademas, expertos legales sostienen que los cinco están cubiertos por una amnistía de 1992 que fue parte de una Ley de Reconciliación Nacional aprobada ese año. Al mismo tiempo, cientos de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios electos de Estados Unidos, Canadá y España y relatores especiales de la ONU han pedido su exoneración.
El movimiento salvadoreño de prohibir la minería y los Defensores y Defensoras del Agua que lo hicieron posible han sido una inspiración para las comunidades y la sociedad civil alrededor del mundo. A lo largo de los años, cientos de grupos de todo el mundo trabajaron con los Defensores y Defensoras del Agua de El Salvador en la exitosa campaña para salvar los ríos del país de la tóxica minería de oro.
