Por Frank González
Roma (Prensa Latina) – Poco más de un mes después de su presentación por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, prosiguen las discrepancias sobre el fondo de asistencia financiera al cual apuesta con fuerza Italia.
El arribo oportuno, y en los términos planteados, de la ayuda europea es clave para el enfrentamiento de Roma a la Covid-19 y su impacto económico y social, para lo cual destinó ya 80 mil millones de euros.
Los préstamos adicionales que deberá buscar el gobierno italiano aumentarán la deuda pública de 134,8 por ciento del Producto Interno Bruto en 2019 a 166,1 este año, mientras el déficit fiscal ascenderá a 12,7 y la economía decrecerá 12,8, según los más recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional.
La asistencia regional tendrá también una incidencia determinante en el plan de reconstrucción nacional hasta 2023, en el cual trabaja el ejecutivo encabezado por el primer ministro, Giuseppe Conte, tras varios días de consultas con representantes de diferentes sectores del país.
Al inaugurar el evento el 13 de junio último, Conte señaló que la recuperación económica de Italia debe insertarse en un contexto integral vinculado al esfuerzo colectivo europeo, y apuntó que el plan nacional se basará en la modernización del país, transición ecológica e inclusión social, territorial y de género.
En una audiencia parlamentaria cuatro días después, el primer ministro afirmó que “no podemos permitirnos reproducir la liturgia de las decisiones de los Consejos Europeos que, sobre cuestiones en particular de presupuesto, necesitan largas negociaciones que derivan casi siempre hacia compromisos a la baja”.
En ese sentido, puntualizó que la posición de Italia es mantener la propuesta de la CE respecto al volumen y composición de los recursos con gran prevalencia de los subsidios, y se mantenga inalterable el principio de financiamiento extraordinario a largo plazo, a través de la deuda común europea.
“Next generation EU” (Próxima generación UE) se denomina la iniciativa presentada el 27 de mayo por la CE a instancias del Consejo Europeo, el cual le encomendó la tarea en su reunión del 23 de abril último con la indicación de que precisara la relación entre el fondo y el presupuesto multianual 2021-2027 de la Unión Europea (UE).
La propuesta prevé que el fondo contará con 750 mil millones de euros incluidos en el presupuesto de largo plazo del organismo regional de integración, con 500 mil millones para ayudas a fondo perdido y 250 mil millones en préstamos, para contribuir a la recuperación de las naciones miembros afectadas por la Covid-19.
El mecanismo se financiará con la emisión común de bonos respaldados por el propio presupuesto de la UE, cuyo pago corresponderá a la CE en un plazo estimado nunca antes de 2028 ni después de 2058.
Para aumentar el techo actual del presupuesto común de 1,1 a 2,0 por ciento del Producto Interno Bruto de la UE, la CE considera también la posibilidad de recaudar recursos adicionales a través de impuestos en diversas áreas.
En la asignación de los recursos, la CE reconoce que la pandemia afecta a todos los estados miembros de la UE, aunque con diferente intensidad, factor determinante para decidir las prioridades.
Italia encabeza, entre otros, la lista con 81,8 miles de millones de euros en subsidios y 90 mil 938 millones en préstamos, seguida por España con 77,3 y 63,1 y Polonia, 37,6 y 26,1, respectivamente.
Desde su presentación, la propuesta fue duramente criticada por Austria, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, llamados países ‘frugales’ en alusión a la parquedad y rigidez con que abordan los temas relacionados con los gastos en el marco de la UE, bajo el prisma económico liberal de la relación costo-beneficio.
La polémica abarca aspectos cuestionados por los gobiernos de las naciones ‘frugales’, preocupadas también por el impacto de sus decisiones sobre sus respectivas bases electorales, predominantemente conservadoras.
El monto y duración del mecanismo de asistencia financiera, los criterios para determinar las prioridades con vistas a la asignación de los recursos, proporción entre subsidios y préstamos y la exigencia de condiciones a los beneficiarios para la concesión de la ayuda son los principales temas debatidos.
De igual modo, a los “frugales”, con quienes coinciden otros países como Finlandia, les preocupa la magnitud del presupuesto 2021-2027, la posibilidad planteada por la CE de aportar recursos propios al financiamiento del plan de recuperación a través de nuevos impuestos y el asunto de los reintegros o “rebates”.
La consulta del 19 de junio
Ante los escasos avances, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel convocó a una consulta por videconferencia el 19 de junio último, la cual consideró ‘un peldaño crucial’ para arribar a un acuerdo en un encuentro presencial posterior.
En la carta de invitación, el directivo se refirió a temas en torno a los cuales ‘está emergiendo un consenso’ y a otros sobre los que persisten las diferencias.
En ese sentido mencionó el tamaño y duración de aspectos del Plan de Recuperación; la mejor manera de asignar la asistencia y los préstamos y subsidios; cuestiones relativas a condiciones y gobernanza; y monto y contenido del presupuesto de la UE y su financiamiento, incluyendo “recursos propios y reintegros”.
El objetivo final, apuntó Michel, es lograr un acuerdo lo antes posible para lo cual, añadió, “necesitaremos trabajar duro en los próximos días y semanas. Triunfaremos si enfrentamos las conversaciones con sentido de responsabilidad y voluntad de superar este desafío mayor unidos y fuertes”.
El presidente del Consejo consideró la videoconferencia como ‘la culminación de la etapa de aclaración de interpretaciones’.
Persisten las diferencias
Ahora pasamos a otra fase: la de las negociaciones, dijo, al tiempo que prosiguió los contactos bilaterales con los mandatarios y convocó a una cumbre presencial el 17 y 18 de julio en Bruselas, con el objetivo de lograr un acuerdo antes del receso estival en agosto.
Ese propósito tropieza con la falta de avances en las tratativas, señaló la periodista especializada en temas europeos Ángela Mauro, en un artículo reciente publicado en la edición italiana de The Huffington Post, en el cual indicó que el presidente Michel presentará la síntesis de las negociaciones sólo en vísperas de la cumbre.
Por eso, acotó, el gobierno de La Haya no cree en la posibilidad de firmar el acuerdo en esta primera cumbre extraordinaria de julio y será necesaria otra hacia finales del mes, según fuentes europeas.
Según Mauro, ‘las dudas de los frugales están intactas, a pesar de la disposición a buscar un compromiso’. Para ellos -precisó- la propuesta de von der Leyen es demasiado vaga y deja a Michel muchos nudos para desenredar, incluyendo el monto del fondo y los criterios para la asignación de los recursos.
A la voluntad de llegar a un acuerdo, aunque sobre bases bastante diferentes a las planteadas por la CE, se refirió el canciller holandés, Stephanus Blok, en declaraciones a la prensa tras reunirse aquí el 23 de junio con su homólogo, Luigi Di Maio, y el titular para Asuntos Europeos, Vincenzo Améndola.
En la conferencia de prensa conjunta con Di Maio, el titular holandés del exterior afirmó que su país está a favor de una colaboración estructural para un buen plan de recuperación con efectos duraderos y anunció su intención de reunirse en las próximas semanas con representantes de otras naciones para alcanzar un acuerdo.
Por su parte, su homólogo italiano explicó que, si bien a nivel europeo todos coinciden sobre la necesidad de acciones extraordinarias para afrontar la crisis generada por la pandemia, persisten diferencias en los criterios sobre cuáles deben ser las soluciones e instó a trabajar para superarlas, indicó la agencia Adnkronos.
En diálogo posterior por videoconferencia con periodistas italianos acreditados en Bruselas, Blok fue más incisivo y aseveró, según varias fuentes, que, aunque “todos queremos el Plan de Recuperación’, ‘no hay garantía de éxito’ pues para lograrlo ‘se necesitan pasos sustanciales”.
“Aclaré que el gobierno holandés es sincero en su deseo de hallar un modo para lograr progresos”, dijo Blok, pero advirtió ‒citado por la agencia Adnkronos‒ que a eso sólo se puede llegar si los países beneficiarios son capaces de hacer sus economías competitivas y sus finanzas públicas sostenibles.
Tras pronunciarse contra los subsidios y abogar por los préstamos como modalidad para asistir a sus socios europeos en dificultades, el ministro expresó que las naciones miembros de la UE deben cumplir las ‘Recomendaciones específicas por países’, hechas por la CE.
En ese sentido, recordó que ese documento contiene una lista completa de acciones sobre el saneamiento del presupuesto, así como reformas en la educación, el sistema jurídico y el mercado laboral, cada una en tiempos específicos.
Mientras tanto, Italia sigue defendiendo, al menos públicamente, la propuesta original de la CE y ante modificaciones que considere inaceptables tendrá siempre la posibilidad de recurrir al veto, con lo cual trancaría el juego y con él no sólo la aprobación del fondo, sino también del presupuesto común de la UE
