Europa: así se alimenta el populismo
Por Luis Rivas
En Francia, un joven de 18 años pobre y sin domicilio entró en mayo de 2016 en una casa particular para robar un poco de arroz y algo de pasta. Fue condenado a 18 meses de prisión por un tribunal correccional. En este mismo país, a finales de diciembre, la exministra de Finanzas y actual Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido juzgada culpable, pero eximida de cumplir la pena, en el “caso Tapie”, por el nombre del ex oligarca que recibió más de 400 millones de euros del Estado, en 2007, tras un arbitraje privado en su conflicto con el banco público Crédit Lyonnais. Lagarde era en ese momento ministra de Finanzas en el gobierno de Nicolas Sarkozy.
El llamado “affaire Tapie-Lagarde” es uno de los últimos presuntos escándalos del período presidencial de Sarkozy, aunque para otros, supuso el reconocimiento de una injusticia protagonizada por los representantes del propio Estado francés contra un emprendedor. Es, además, el último capítulo de otro affaire, el “Adidas-Credit Lyonnais”, que data de principios de los noventa. En aquella época, Bernard Tapie era el dueño de la marca deportiva en la que el banco público francés tenía una participación. La empresa llegó a acumular un agujero de casi 105 millones de dólares. El Credit Lyonnais se hizo con la empresa y la vendió triplicando el precio de compra (300 millones), en una maniobra considerada una estafa al dueño mayoritario. Desde entonces, Tapie ha venido batallando judicialmente para obtener satisfacción. Orden de Sarkozy a Lagarde Después de miles de peripecias en los tribunales, el Gobierno de Nicolas Sarkozy creó un instrumento jurídico, supuestamente independiente, que obligó al Estado francés a pagar a Bernard Tapie más de 400 millones de euros, como reparación de la supuesta injusticia. En la cifra se incluyen 45 millones de «perjuicio moral».
Todo parece indicar, por supuesto, que la reparación de la injusticia a Tapie fue una decisión política del jefe de Lagarde, el propio Sarkozy. A Christine Lagarde se le reprocha “negligencia” no haber frenado la decisión, como podía haber hecho según su cargo, después de las consideraciones en contra recibidas por expertos juristas externos e, incluso, de sus propios colaboradores. El entonces director de gabinete de Christine Lagarde, cuyo domicilio fue registrado en varias ocasiones minuciosamente por la policía judicial, es ahora nada menos que el presidente de France Telecom, y se ha negado a declarar en el juicio a Lagarde. Pero si el escándalo Tapie-Lagarde adquiere un interés público especial es, sobre todo, por la personalidad del principal personaje masculino del sainete. Bernard Tapie es una especie de copia francesa de Berlusconi, con el que guarda muchas similitudes: fue un cantante cursi, un empresario con mucha labia y carisma, fue aupado por la izquierda en sus inicios, fue presidente de un equipo de fútbol, se ha convertido en magnate de prensa y sigue soñando optar a un importante cargo político, por el momento, la alcaldía de Marsella.
Tapie, que empezó vendiendo automóviles y televisores, se convirtió en un empresario conocido cuando empezó a comprar empresas en dificultades para revenderlas después de haberlas “saneado”, es decir, después de haber puesto en la calle a una parte de los trabajadores. Lo que ahora todo el planeta definiría como una acción de buitre empresarial, en la época de los 80 fue considerado en Francia como un ejemplo de iniciativa y visión. El socialista François Mitterrand, recién llegado al poder se dejó deslumbrar por el desparpajo de Tapie, al que incluso nombró Ministro de la Ciudad, porque —decían— sabía tratar tanto con los banqueros, como con los delincuentes de los guetos. Algunos sociólogos franceses consideran esos tiempos como la época que marca el final de la “moral de izquierdas” en su país. Caído en desgracia y abandonado por la izquierda oficial, Tapie supo ganarse la amistad del centroderechista Sarkozy, que le ayudaría a ganar el pleito en el que Lagarde se ha visto implicada. Un tribunal para privilegiados La diferencia entre el castigo al ladrón de espaguetis y a la directora del FMI se debe a la existencia de un tribunal especial francés, la Corte de Justicia de la República, que desde su creación en 1993, juzga los supuestos delitos cometidos durante su función por los ministros del gobierno.
Lagarde se exponía a un año de prisión. Pero ha sido dispensada de pena. La reacción en la calle ha sido de cólera y condena. En el momento en que a todos los políticos de los partidos tradicionales se les llena la boca con el peligro de alimentar el populismo, la sentencia de ese tribunal es un ejemplo de los privilegios que disfrutan los políticos con respecto a los ciudadanos que les votan y les pagan. En plena campaña para las primarias de la izquierda francesa, algunos de los candidatos han visto en la sentencia un filón para obtener el apoyo de su electorado. Así, Manuel Valls, el Primer Ministro que ha abandonado su cargo para optar a las presidenciales de mayo del 2017, ha considerado que la Corte de Justicia de la República “debe desaparecer”. Está claro, es más fácil decirlo cuando se está fuera del gobierno y se aspira a ganar la adhesión popular. Más aquí: ¿Juicio político en Francia? Hollande, acusado de revelar secretos de Estado Los pocos intentos de eliminar esa jurisdicción especial en los últimos años han chocado con el rechazo de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional y del Senado. Recordemos que la Corte está formada por tres magistrados profesionales y doce parlamentarios. Los españoles aforados Esa diferencia de trato judicial entre el ciudadano llamado de a pie y los representantes políticos tiene su ejemplo europeo más pernicioso en España, donde la figura del “aforado” es motivo de polémica y debate político, pero no para todos los partidos. España ostenta, con 10.000 personas protegidas por tribunales específicos, el récord europeo de aforados.
El partido centrista “Ciudadanos” ha hecho de este punto uno de sus caballos de batalla para acelerar la regeneración de la mal llamada “clase política”, que no debería ser una clase aparte. El actual gobierno conservador español de Mariano Rajoy dice querer aceptar la reducción de personas aforadas, pero lo cierto es que a última hora, en la última semana del año, ha frenado el acuerdo al que había llegado con Ciudadanos. Alemania y Gran Bretaña dan ejemplo de ética en este apartado. Nadie, ni presidentes ni jefes de gobierno se libran de los tribunales ordinarios si cometen un delito. Hay que volver a Francia para encontrarse, sin embargo, con otra práctica que desafía una mínima vergüenza y muestra hasta qué punto lo que en Italia empezó a llamarse en los años 90 “la casta política” es un ejemplo que desborda las fronteras.
Con el gobierno del socialista François Hollande en plena agonía, decenas de sus colaboradores en los gabinetes ministeriales buscan ya su acomodo en otros puestos de la Administración donde refugiarse cuando pierdan sus excelentes salarios y beneficios. Saltándose todas las reglas del buen funcionamiento de las administraciones públicas, el Jefe del Estado y los actuales ministros están colocando en puestos bien remunerados a sus ex colaboradores. En muchas ocasiones los ukases de los miembros del gabinete Hollande contravienen las reglas de funcionamiento de decenas de organismos del Estado. Funcionarios especializados y que por méritos personales tienen derecho a un puesto se ven desplazados por enchufados de políticos que dejarán sus cargos en pocos meses.
Esta práctica que en Francia ha inspirado libros como “Les recassés de la Republique” (Los recolocados de la República) es compartida por los principales partidos, tanto de izquierda como de derecha. En ese aspecto las ideologías divergentes coinciden: después de servir a los ciudadanos desde sus puestos de representación, los elegidos por el pueblo buscan seguir viviendo de los fondos públicos, como si el hecho de haber ejercido la política les eximiera de apuntarse a la oficina de empleo. Y no es demagogia; no se puede defender su actitud arguyendo que su salario como político es menor del que habrían obtenido en la empresa privada. En Francia, los miembros de los gabinetes ministeriales tienen excelentes sueldos y sus únicos méritos son, en algunos casos, simplemente pertenecer a determinado partido. Son esos mismos partidos políticos tradicionales los que dicen querer evitar la llegada al poder de los que consideran partidos populistas. Con su desprecio a la ética y a sus propios conciudadanos siguen cavando la fosa del “sistema” que dicen defender.
