Por Carlota Pérez
ABC / MADRID
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la Embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, como respuesta a la nota emitida este martes por el Gobierno nicaragüense en el que, «se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales», reza un comunicado del ministerio que encabeza Albares.
Este martes, en un texto dirigido al ministerio de Exteriores español, el Gobierno de Daniel Ortega acusaba de «intromisión, injerencia e intervención» en los asuntos internos, y lo considereban «impropias de Gobiernos Democráticos» y remitió al «terrorismo de Estado de los GAL» para atacar a España.
En este intercambio de comunicados, España señaló el lunes que las elecciones convocadas para el 7 de noviembre en el país centroamericano no tenían ninguna credibilidad y pidió a Ortega la liberación de los candidatos opositores. En concreto, el Gobierno español respondía a la decisión tomada por el Consejo Supremo Electoral de cancelar la personalidad jurídica del partido de la oposición nicaragüense Ciudadanos por la Libertad (CxL). También aprovechó para cuestionar la represión que desde hace tiempo llevan sufriendo los candidatos opositores detenidos en las últimas semanas, así como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y «muy alejada de las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA)».
Estas palabras no sentaron bien en Managua que recordó a Madrid «la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir, sin demora los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada Península Ibérica», haciendo referencia al proceso independentista catalán. Además, también recordó a España, «sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces presidente ‘socialista’, Don Felipe González, creó los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados».
Una nota con claras equivocaciones pues ni España incumple los derechos de Cataluña, ni los dirigentes de los GAL, como José Barrionuevo, Rafael Vera o Julen Elgorriaga, quedaron en la impunidad, pues fueron juzgados y procesados, ni sus actuaciones fueron calificadas por los tribunales como crímenes de lesa humanidad.
