Escándalo del CROAN apunta a la Cancillería

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Palacio Bolívar, sede de la Cancillería panameña, concentra la mirada de los críticos de la guerra.

Por David Carrasco
Director de Bayano digital

El experto en Derecho Internacional Julio Yao llamó a los sectores sociales a rechazar con firmeza el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), negociado en 2021 entre Panamá y Estados Unidos, y señaló que la canciller panameña, Erilka Mouynes, es susceptible de una demanda penal por el “abandono de sus funciones” en la protección de la soberanía panameña.

Yao disertó a través de la vía electrónica en una conferencia organizada por el Foro Social Panamá y movimientos populares, y recomendó repudiar el convenio del CROAN, así como una treintena de memorandos firmados tras la invasión de Estados Unidos a Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989, debido a que fueron impuestos en forma unilateral y contravienen la letra y espíritu de los Tratados del Canal, de 1977.

El analista indicó que Estados Unidos eludió los mecanismos constitucionales de Panamá y recurrió a autoridades subalternas para negociar la creación del CROAN. Añadió que a ello se debe que la canciller Mouynes, quien no está libre de responsabilidad, haya remitido  a los periodistas que preguntan sobre el tema al despacho del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, quien suscribió el polémico acuerdo bilateral desligado de la respectiva aprobación parlamentaria y de la supervisión de la Cancillería.

De acuerdo con Yao, las autoridades panameñas de Seguridad parecen haber sido sorprendidas en su buena fe, al ser inducidas a suscribir un texto que oculta planes bélicos contra otros países, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas. En ese sentido, dijo que explicó al coordinador de Proyectos y Programas de Seguridad de Panamá, Severino Mejía, los peligros del CROAN y la forma en que lesiona varios artículos del Tratado de Neutralidad del Canal.

Mejía había señalado que “El CROAN no es una base militar y no contempla la presencia física de efectivos militares de Estados Unidos”. Asimismo, afirmó que esa estructura “es una oficina de coordinación de acciones conjuntas” para combatir el tráfico ilícito de drogas y la pesca ilegal en aguas panameñas, y que no tiene nada que ver con el rechazado en 1998 el Centro Multilateral Antidrogas (CMA), que preveía la instalación de bases.

Sin embargo, Yao adujo que, aunque no se contemple en el texto suscrito la presencia de tropas, el CROAN convierte a este país en “parte de una red de espionaje regional” subordinada al sistema de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y no sólo bajo la influencia del Pentágono, en contra de los Tratados del Canal, de 1977, firmados por el presidente estadounidense James Carter y Omar Torrijos, jefe del gobierno panameño.

Yao reseñó que los Tratados canaleros están regidos por el principio de Ius Cogens, del Derecho Internacional, perentorio, que no admite exclusión y alteración de la materia negociada por ambos Estados. Por ello, también carecen de validez los acuerdos “Arias-Hinton”, de 1991, sobre operaciones marítimas binacionales, y el “Salas-Becker”, de 2002, que fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. No obstante, aseveró que deben ser repudiados oficialmente y anulados.

El motivo de la controversia sobre los números acuerdos firmados, es que en su condición de país invadido e intervenido, Panamá no podía negociar nada y todos esos convenios violatorios de los tratados de 1977 son objeto de rechazo y de una necesaria protesta por parte del pueblo panameño, resaltó el analista tras exigir a la Cancillería velar por el ejercicio pleno de la soberanía y rechazar el plan intervencionista foráneo.

Al respecto, el director del Instituto del Canal y Estudios Internacionales, Luis Navas, manifestó que el CROAN contradice el Artículo V del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, que señala en forma taxativa: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”

Juan Pino, titular de Seguridad, junto a Stewart Tuttle, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Navas advirtió que el CROAN es un instrumento bélico y así debería ser entendido por el gobierno panameño, y que, al aprobar la creación de una Fuerza Marítima Conjunta, está claro que una de las dos partes tiene que someterse al mando de la otra. Puntualizó que la lucha contra la droga, usada para negociar ese mecanismo, es un argumento pueril, ya que el inmenso consumo de cocaína en Estados Unidos no es abastecido por pequeñas lanchas, sino por buques de contenedores que entran a puertos estadounidenses.

El investigador puntualizó que el CROAN es un instrumento de espionaje y de acción bélica contra países de la región, y es indispensable que el gobierno panameño publique el texto completo del acuerdo de Seguridad negociado en secreto con Estados Unidos. Adujo que es necesario poner fin al secretismo y pasar la defensa de los intereses nacionales, incompatibles con actos intervencionistas que violan la neutralidad del Canal.

Navas insistió en que Colombia tiene siete bases estadounidenses en su territorio y ha fracasado en la lucha contra la droga, de la misma forma como ocurrió con la Iniciativa Mérida promovida por Estados Unidos en México, y que culminó con más tráficos de drogas y más “lavado de dinero” procedente del narcotráfico.

Por su parte, Moisés Carrasquilla, dirigente del Partido del Pueblo, participó en el foro con un llamado a defender el mandato de los mártires de la gesta de enero de 1964, y eliminar todos los instrumentos de intervención militar que perjudican la estabilidad y el ejercicio de la soberanía plena de Panamá sobre su territorio.

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