Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
La “rapiña”, como recientemente denominaron el acto de corrupción, ¿es posible extinguirla? Algunos opinan que la “rapiña” tiene los días contados. Pero, ¿es posible que ante el enorme peso de la sentencia del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, sobre una trama de corrupción montada para apropiarse de una editora de periódicos, tenga una conclusión contundente? Hay incertidumbre en tiempos políticos.
El enmarañado caso judicial ”New Business” evidenció que es sólo una parte de la gran cadena de organizaciones dirigida por un ex mandatario que se aprovechó de las necesidades de la nación para hacer negocios, rodeándose de testaferros, algunos de los cuales ya tienen un pie en la cárcel.
Falta la constructora brasileña Odebrecht, a la que le comprobaron pagos por mas de 700 millones en sobornos a empleados públicos, partidos políticos, candidatos y numerosos personajes influyentes, para ganar licitaciones y obras públicas en países del continente, donde fueron sancionados. Pero, quizás el caso de mas alto perfil se concentra en Panamá, donde todavía no concluyen las audiencias.
Los hermanos Martinelli manejaron fondos de Odebrecht en Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, y hasta en Nueva York. Totalizaron aproximadamente de 28 millones de dólares. Todo ello es producto deL aprovechamiento de impuestos de la población panameña.
La rapiña tiene vigencia desde hace varios gobiernos. Seguramente, la más grade rapiña se produjo cuando la dirigió el innombrable ex mandatario, calificado internacionalmente junto con los ex presidente Pérez Balladares y Varela, como los tres corruptos en Panamá. Esa calificación es motivo de vergüenza nacional.
Cuando era dueño del CD, cuatro de sus presidenciables estaban enfrentando a la Justicia por abusar de la rapiña. En 2017, un titular de prensa decía: “José Domingo Arias fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen; Frank De Lima permanece detenido desde la semana pasada; Alma Cortés y José Raúl Mulino mantienen procesos” en el ámbito judicial. Y pensar que todavía enfrentarían la justicia otros más. Y agregaba la noticia:
De Lima estuvo detenido por la comisión del delito contra administración pública, porque fraccionaba las compras. José Domingo Arias intentó abandonar el país. Tenía una orden de conducción, se le llevó al edificio Avesa, fue conducido al Ministerio Público para rendir una indagatoria, donde fue ordenada su aprehensión.
Al ex ministro José Raúl Mulino se le procesó por la compra multimillonaria de un sistema de radares a la empresa italiana Finmeccanica, con la que luego el gobierno llegó a un acuerdo y recibió un helicóptero ambulancia.
A la lista de implicados, se suma Alma Cortés, investigada por la Fiscalía Anticorrupción por supuesto enriquecimiento injustificado para comprobar 2,5 millones de dólares que había adquirido mientras estuvo al frente del Mitradel, en el período 2009 al 2014.
Faltaría procesar, finalmente, a otros individuos imputados, como, Federico ”Pepe” Suárez, Lucy Molinar, Guillermo Ferrufino y varios personajes de la época, todos muy cercanos a la rapiña.
El juzgado Primero Penal condenó a 96 meses (ocho años) a Luis Enrique Cucalón, relacionado con el contrato que suscribió el MEF, en el período de Alberto Vallarino, como ministro, y la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., para el cobro de la cartera morosa del Estado. Por ese contrato, los auditores de la Contraloría General de la República establecieron una lesión patrimonial al erario por unos 29,5 millones de dólares.
Sin embargo, la danza de millones por la piñata no ha terminado.
Desde España, los tribunales aseguran que las cuentas de Mauricio Cort en la entidad MIZRAHI BANK, revelan que del 2011 al 2014 se nutrieron con dos pagadores principales, quienes aportaron a sus cuentas 70.949.085, 35 USD. FCC con importe de 65;378L415,00, TELVENT TRÁFICO y TRANSPORTE, con importe de 5.561.670,35 dólares.
Los ”movimientos del MIZRAHI BANK» fueron transferencias a 18 destinos que entre los años 2012 al 2015 habrían recibido ‘un total de 743.338.218, 57. De ese conjunto de destinatarios, hay 11 relacionados con la familia del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli y con relevantes políticos de su administración, como Federico Suárez, ministro de Obras Públicas, Jorge Ruiz, director de Contratación del MOP, Guillermo Sanz Llorens, director de la Caja de Seguro Social. Todos ellos participaron, presuntamente, en el cobro de un 10% de comisiones de los contratistas, a los que les adjudicaron la Línea 1 y 2 del Metro de Panamá y obras de la Ciudad de la Salud.
En el Ministerio de Obras Publicas se identifica una relación directa entre Mauricio Cort con las cuentas de la mercantiles TREASURE ISLAND’DEVELOPMENT y HB ENGINEERING, de las cuales, a su vez, el ”beneficiario real” sería Jorge Ruiz Sánchez, responsable de la Administración de Contratos del MOP entre los años 2009 y 2012 – Administración Martinelli.
Los ingresos económicos a favor de Martinelli y su círculo de allegados, según lo describen autoridades en España, bien directamente o por transferencia de fondos o por la participación en inversiones inmobiliarias, y mobiliarias, ascendieron a 35.645.483,25 USD. Hay detalles de otras localidades, como Andorra, mencionadas en los expedientes.
Toda esa información se conoce oficialmente. Pero, ¿con esos antecedentes y otros más, se podrá afirmar que la rapiña se acabará algún día en Panamá?
