En la CSS se agota muy rápido el pozo de la corrupción

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Enrique Lau Cortes, director de la CSS, convertido en el centro de una tormenta que afecta a la seguridad social panameña.

Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público

Los mandos directivos de la Caja de Seguro Social (CSS) se han propuesto crear un clima de caos y pánico entre los asegurados, principalmente entre los jubilados, para tratar de concretar la venta de los activos de la institución y “negociar” su liquidez.

Durante su peregrino interés no se han molestado un minuto en dirigirse a los grandes morosos, los patronos, o al gobierno nacional, que adeudan cientos de millones de dólares en cuotas obrero-patronal, lo cual está claramente tipificado como un delito.

El hecho es vergonzoso, ya que no se hizo  lo suficiente para recuperar esos dineros que son frutos del sudor de los trabajadores. Conviene resaltar que integrantes de la Cámara de Comercio, algunos de ellos patrones morosos, se han atrevido a reclamar reformas a la ley de la CSS y exigir cambios en la política social del gobierno.

En momentos en que la propagación de Covid-19 azota el país (aproximadamente 300 muertos), los directivos de la CSS desvían la atención sobre la verdadera pandemia sobre la cual ellos están sentados: la recurrente corrupción, registrada especialmente durante sus últimas administraciones. Se les está agotando el pozo.

Hay sospechas de mal manejo y conclusión dudosa de varios proyectos de construcción, como los Centros de Salud en Boquete, Bocas del Toro, Aguadulce, Penonomé, Colón (San Juan). Ello incluye a la famosa Ciudad Hospitalaria y otros proyectos que no han sido asignados. ¿Cuántos millones de dólares han costado a la población asegurada del país esas obras inconclusas? ¿A cuánto suman los millones en inversiones no recuperables?

Cuando se inició la actual administración presidencial, se colocó un manto de olvido sobre actos de corrupción, con la excusa de jamás mirar hacia atrás, bajo el pretexto de no convertirnos en estatuas de sal, tal como se describe en un pasaje bíblico. Se inculca pánico a los asegurados y a la población, pero no se informa sobre lagunas legales que permitieron a corruptos empresarios incumplir las obras asignadas. Hay que advertir sobre las malas supervisiones en los proyectos de la CSS y de la empresa POINTEC, contratada para supervisar la construcción de proyectos hospitalarios y Centros de Salud en este país.

La crisis financiera la limitan a cálculos sociales, especialmente en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Pero no consignan en ese enfoque al paternalismo de la Contraloría General, pese a las auditorías forenses, con el objetivo dilatar las pésimas inversiones de la institución, a fin de favorecer a amigos de los “círculos ceros” de presidentes, diputados y políticos influentes.

Se vocifera sobre la crisis, pero no se habla de contratos leoninos en la colección de desechos tóxicos por varios millones de dólares, que nunca fueron refrendados, pero que son tramitados para pagarse de todas maneras. Otros casos escandalosos abarcan a los servicios de hemodiálisis, con amplia ventaja para cambiar equipos, construir sus propios centros, hasta los servicios funerarios, que implican costos millonarios.

Los bienes patrimoniales de la CSS, como aviones y hangares, y hasta edificios que tienen cero valor de rescate, forman parte de la mala administración de la primera institución de salud, en la que han sido despilfarrado millones de dólares. Es una vergüenza que ahora se hable de crisis económica. ¿Dónde están los abogados y jueces ejecutores que permitieron la depreciación de bienes secuestrados sin recuperar su valor a beneficio de la Caja? ¿Cuántas personas o empresas están siendo juzgadas?

En materia de medicamentos, los dineros de la CSS son un saco sin fondo, al final del cual hay una mafia que se ha hecho millonaria a costa de dineros de los asegurados. Compras excesivas de medicamentos innecesarios, proveedores que entregan medicinas con cortos plazos de vencimiento, suministros tardíos sin efectos de multas, son algunos actos fraudulentos. A esos desmanes se suman compras de carros lujosos y artículos suntuarios, que son parte de la historia de gastos innecesarios ordenados por sus directores.

Y ahora nos enrostran que la Caja está en crisis, después de haberse comprobado en numerosas ocasiones irregularidades difundidas por los medios de comunicación, sin que fueran cosa juzgada.

No es cacofónico insistir en la imperiosa necesidad de publicar la lista de los patronos morosos, como primer paso para sufragar jubilaciones y realizar un recorte en las planillas abultadas como la del actual director general, quien ha sumado al presupuesto de la institución más de 100.000 dólares mensuales.

Un mensaje al presidente del país: antes de que mueran más jubilados de hambre o por culpa de la pandemia, imponga desde su taburete reformas que no alteren la paz del panameño en medio de la crisis sanitaria que flagela a la población.

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