Casi a diario, se registra en Panamá alguna protesta en la que una comunidad rural o semi urbana cierra vías y despliega pancartas para llamar la atención del gobierno sobre la falta de recursos que satisfagan sus necesidades diarias del vital líquido. Más a allá de las dificultades técnicas para atender las demandas y garantizar el suministro, ello revela un problema de desigualdad social.
El agua es cada vez más un producto de mercado, que un recurso destinado a garantizar la salud de la población panameña, y es llamativo el hecho de que los candidatos presidenciales hayan eludido el tema en los debates con miras a los comicios generales del 5 de mayo. Simplemente, quienes carecen de agua, no figuran en las agendas de los líderes de partidos políticos tradicionales.
Las mayores inversiones en acueductos y sistemas de riego agrario fueron realizadas en el gobierno del desaparecido general Omar Torrijos, pero, tras su asesinato, ese proyecto social para multiplicar el suministro del vital fue sustituido por un modelo elitista, que reservó cuencas hidrográficas para la explotación de grupos económicos que usurpan las fuentes de riqueza de este país.
En julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Con ello, reafirmó que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de los derechos humanos. Pero, la inequidad impide que Panamá, con 52 cuencas hidrográficas, esté a la vanguardia en materia de suministro.
Hoy, es frecuente ver la venta de litros de agua purificada que valen más que un litro de leche. No es casual que servicios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) hayan sido privatizados para complacer a los organismos financieros internacionales, mientras que por otro lado se debilita la capacidad de gestión y la proyección estratégica institucional.
Los funcionarios y operadores de Idaan figuran entre los que menores sueldos devengan en la administración pública. Ello tampoco es casual. Como no es accidental que haya una notable falta de recursos materiales disponibles para mejoras. Acueductos y alcantarillados requieren una fuerte inversión del Estado para asistir a las comunidades marginales pobres y sedientas, que piden una vida digna.
¿Por qué el servicio de agua es suspendido en urbanizaciones en Panamá Este, mientras que en Paitilla y Coco del Mar está intacto? La respuesta es sencilla: porque no todos somos iguales y las conexiones de las principales tuberías y drenajes sanitarios favorecen a sectores de alta renta. Además, una morosidad por el orden de 72 millones de dólares perjudica los planes del Idaan.
La incumplida promesa de campaña de Juan Carlos Varela se resumía en garantizar en su mandato de cinco años el 100 por ciento de la cobertura de agua potable y el suministro confiable e ininterrumpido. Por el contrario, su gobierno estuvo envuelto en la sospecha de favorecer a los programas privatizadores bajo el argumento de que en Panamá se consume demasiada agua y se gasta mucho.
Al Idaan no lo ha dejado que prospere. Sus planes de desarrollo fueron saboteados, incluso se han creado obstáculos que afectan a 5.397 sistema de acueductos comunitarios en el abastecimiento de agua a favor del consumo humano y uso doméstico. Se ha creado la especie de que el Estado es ineficiente, y que la única salida es la privatización. Es un engaño perverso que nadie debe creer.
