Por Carlos González Q.
Docente universitario
Mucho se ha hablado, en las últimas semanas en Panamá, de las Reformas Constitucionales que redactó la llamada “Sociedad Civil” a la Presidencia de la República, para que fuesen analizadas por el Órgano Ejecutivo, con el objetivo de remitir ese paquete a la Asamblea Nacional de Diputados.
Hasta aquí, las cosas se desarrollaron con normalidad, pero cuando llegaron al Hemiciclo Legislativo, ardió Troya. Todos quisieran que la Asamblea, las hubiesen debatido sin quitarle ni un ponto o coma. Sin embargo, surge la pregunta: ¿para qué el Poder Ejecutivo envió semejante mamotreto a la Asamblea?
Recuerdo haber visto a través de un canal de televisión, que el presidente dijo, más o menos: Vamos a ver qué sale de allí.
No defiendo ni defenderé a la Asamblea, pero lo verdad es que es un órgano del Estado que debe ser respetado. Días después, en una conferencia de prensa, el vicepresidente advirtió a los Diputados que, si no aprobaban dicho documento oficial, sería convocada una Asamblea Constituyente Paralela, porque al gobierno no le gustó las modificaciones realizadas al texto original presentado.
Entonces, ¿para qué enviar el proyecto a la esfera parlamentaria, si sabían de antemano que sufriría cambios. Para ello, está diseñada la Asamblea Nacional de Diputados, cuya misión es hacer leyes y reformar las que les envíe el Órgano Ejecutivo.
Es necesario reconocer que el Órgano Legislativo es un ente desprestigiado, o lo que las clases políticas adineradas han fomentado a través de los años. A través de diversos medios de comunicación, las cúpulas clasistas desataron una campaña anti Asamblea, pero sin poder invalidar el objetivo para el que fue elegida por la población: “hacer leyes y reformar leyes”. Sino, entonces, para qué la elegimos en votación popular.
En alusión a la Sociedad Civil y la llamada instancia de Concertación, todas son pantallas de los sectores oligárquicos para imponer sus aviesos propósitos: seguir expoliando al pueblo, porque la derecha oligárquica no se atreve a platear de frente sus aspiraciones de acrecentar sus riquezas, maltratando a la población y encareciendo la vida cotidiana de los ciudadanos sometidos a un modelo de injusticias.
Hay quienes están prestos a privatizar todo lo que es rentable: el agua, la energía eléctrica, la canasta familiar, los alimentos del agro y, como si fuera poco, promueven una supuesta panacea: las Asociaciones Público Privadas (APP), que equivalen a privatizar las pocas empresas estatales que quedan en manos del gobierno. Cuando no haya más que privatizar, con seguridad le echarán mano al Canal de Panamá.
Los sectores oligárquicos han esquilmado las arcas del Estado, robándole descaradamente cientos de millones de dólares y los ladrones de cuello blanco se pasean por las calles mostrando su impunidad, porque colocaron en los tribunales, Ministerio Público y las magistraturas a peones para que defiendan sus intereses.
Todo ello ocurre mientras que el pueblo protesta casi siempre por vía dañada o ante la falta de agua potable. ¡Qué triste papel y qué añoranzas surgen al recordar las gestas populares en las décadas de los 70 y 80, cuando la juventud estudiosa representaba la vanguardia en la lucha de reivindicación nacional! De hecho, el general Omar Torrijos, quien encabezó el proceso de recuperación del Canal, manifestó al referirse a los estudiantes panameños: “Los prefiero castristas que castrados”.
