El periodismo como aliado para frenar los peculados
Por John Miller
Estudiante de Periodismo de la Universidad de Panamá
A través de las clases universitarias de Opinión Pública y con la guía del profesor Mauro Zúñiga pude comprender e interiorizar el proceso de investigación periodístico de modo objetivo, racional y lógico. Del docente aprendí, además, que el periodismo puede mover conciencias, pero carece del monopolio legal de la fuerza.
Está claro, que si el periodismo no posee fuerza suprema, tiene límites, en cuanto a las investigaciones contra la corrupción emprendidas por los periodistas. A las autoridades del Ministerio Público de cada país (que sí poseen poder coercitivo), corresponde profundizar la investigación que haya sido iniciada por “la mejor profesión del mundo¨, es decir, el periodismo, como lo afirmó el novelista y ensayista francés Albert Camus.
Si los periodistas han advertido la probabilidad de que funcionarios en la pasada administración gubernamental pudieron haber recibido ¨coimas¨, a través de sociedades anónimas, para la concesión de un contrato en 2012 a la empresa Pele System, Inc., la responsabilidad de la investigación recae sobre el sistema judicial. Ello implica llegar a la certeza o descartar que las sociedades anónimas ¨Cliverstone Advisory Ltd., First Administration Ltd. y Liberty Release System, Inc.¨ (La Prensa) pertenecen o pertenecieron a ex funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Y cuando el banco local Credicorp Bank (La Prensa), que recibió los depósitos de esas actividades señaladas, está reacio a suministrar información a los periodistas sobre ese caso, lo justo es que intervenga el Ministerio Público, que está facultado para investigar, por oficio o denuncia interpuesta, los posibles delitos cometidos.
Otro hecho notorio, es el pago de una posible indemnización de parte del Estado a la empresa Pele System, Inc., por la cancelación del contrato en 2015, tras la decisión del Consejo de Gabinete, por considerarlo contrario al interés público. En ese caso, habría que preguntar: ¿por qué el Estado tiene que indemnizar por causa de la cancelación de un contrato contrario al interés público y, de hecho, cuando la concesión se fraguó en medio de posibles ¨coimas¨?
El administrador de la AMP, Jorge Barakat, dijo que no tiene idea de cuánto se pagó a la cuestionada compañía Pele System, Inc., cuyos directivos tienen vínculos con el gobierno. Esa respuesta oficial no es convincente, porque el interpelado podría acudir a la Contraloría General de la República y solicitar información sobre los pagos realizados por la administración anterior. Ello refuerza la noción de que en Panamá la justicia opera de modo selectivo, y que es deber de los medios seguir la pista a toda lesión al patrimonio nacional.
Si la Ley de Contrataciones Públicas estipula que por efecto de la rescisión de un contrato el Estado debe pagar una indemnización, también debería ser incorporado un artículo o cláusula que prevea que cuando la cancelación se debe a alguna irregularidad en la adjudicación (como pudo haber ocurrido en la mencionada relación contractual), la empresa en cuestión no debería ser indemnizada. Es hora de blindar al Estado contra el despojo de sus recursos.
