El Oro Verde y su legado de desigualdad en el Caribe

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Lavado de la fruta dirigida a los mercados internacionales.

Por Claudia Figueroa Pino / Comunicóloga / c.figueroa29@gmail.com

Antecedentes

La industria bananera transnacional eligió a Bocas del Toro en 1896, antes de que Panamá existiera como República. Para ello, la estadounidense Chiquita Brands, compró a Colombia 40 mil hectáreas de tierra en “medio millón de oro”., “Oro” porque aún no regía el convenio monetario que puso en circulación el dólar estadounidense en Panamá. Desde entonces, la producción, venta y exportación de banano ha sido la principal actividad económica en el Distrito de Changuinola, donde se ubican las bananeras.

Sin embargo, 125 años después, en esta provincia del caribe panameño prevalecen altos niveles pobreza. En el año 2017, Bocas del Toro se ubicó en el primer lugar, con 18.9%, del Índice de Pobreza Multidimensional (MEF/ MIDES/ INEC, 2017), en comparación con el resto de las provincias del país, pero sin tomar en cuenta a las Comarcas indígenas, donde los índices de pobreza son aún peores.

Además, al observar algunos corregimientos de Changuinola, como Valle del Risco, el nivel de pobreza general alcanza a 88.2% de la población, igual que en las comunidades más pobres de Panamá, situadas en la Comarca Ngäbe Buglé, donde la pobreza afecta de manera global a entre 81% y 99% de la población (MEF/BM, 2015). Esta realidad advierte que el modelo económico establecido aquí, al igual que en otros países del Caribe, no ha podido generar en décadas las condiciones para que la población salga de la pobreza y menos aún, orientarse hacia el desarrollo social y económico.

Análisis

En este sentido, es importante subrayar que el modelo neoliberal, producto del “Consenso de Washington”, ha tenido “resultados sociales negativos” en la región del Caribe, compuesta en gran parte por ex colonias, según señaló Dennis Brown del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. En su análisis, Brown advierte que la debilidad en capacidades sociales, productivas y en especial la “desigual distribución del ingreso y demás recursos materiales” en las comunidades del Caribe, se han constituido en el obstáculo para el desarrollo social y económico.

En el caso de Panamá, la receta neoliberal tuvo que esperar hasta después que finalizara el conflicto social que concluyó con la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, mientras que en otras regiones caribeñas, para las décadas de los años 70 y 80, las políticas neoliberales de las instituciones financieras internacionales, que les impusieron como condición para el financiamiento producto del “Consenso de Washington”, ya estaban decantando en la privatización de sus recursos y de sus empresas de servicios públicos. Este proceso privatizador, despojó a las incipientes comunidades caribeñas de condiciones fundamentales para satisfacer necesidades y para el desarrollo de su población, como lo son el  acceso a la energía eléctrica y a los servicios de las telecomunicaciones.

En Changuinola, el legado histórico del monocultivo del “Oro verde”, son los altos niveles de pobreza multidimensional y la exclusión de su población, con precariedad en el acceso a los servicios públicos, falta de capacidad y presencia de las instituciones del Estado, un mercado laboral concentrado en la producción y exportación de banano, constantes protestas por la insatisfacción social, con el cierre de las vías terrestres que conducen hacia los centros urbanos y encima unas condiciones climáticas de lluvia tropical durante todo el año, con nubosidad y vientos que además del terrestre, afectan el tránsito aéreo y marítimo.

Es en este contexto que las organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores, han sido el péndulo que ha evitado que la hegemónica industria bananera internacional, imponga todo su poder económico sobre la población predominantemente indígena, que solo cuenta con su fuerza de trabajo. 

Y es que el dominio de las bananeras en Changuinola no solo radica en ser, desde el inicio de la República, la mayor y casi única fuente de empleo formal en ésta región del caribe panameño, aislada por el mar, las montañas y la discriminación institucionalizada que la excluye de las políticas públicas, sino porque al haber nacido como empresa propietaria de las tierras, no solo construyó las calles, las escuelas y las tiendas, sino que controló por muchas décadas buena parte de los servicios de agua potable y electricidad en el Distrito, electricidad que casualmente se apagaba en toda la comunidad durante las huelgas organizadas por los sindicatos bananeros.

Propuestas

Al respecto, urge la necesidad de intervenir con políticas públicas para garantizar que las empresas privatizadas de servicios públicos, no desconozcan más los derechos de la población y se mantengan como artífices de la desigualdad en las comunidades caribeñas. En Panamá, los servicios públicos concesionados están a cargo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entidad que ha resultado ineficiente para atender los reclamos de las personas afectadas por las empresas privadas que manejan servicios públicos. Ante esta realidad, la situación podría equilibrase poco a poco con la organización e incidencia de los usuarios y usuarias de los servicios públicos, como sucede en otros territorios, por ejemplo, en Colombia.

Finalmente, en la medida que se generen y fortalezcan las políticas públicas y se diseñe, mediante y resultado del Diálogo Social, un “marco de referencia ético”, de lo que es mejor para la región del caribe, en nuestro caso para Changuinola, el cual, una vez consensuado, podría ser la referencia para el proceso de transformación de una sociedad de carencias e insatisfacción, hacia un modelo local de desarrollo social y económico sostenible.

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