El fiasco de la justicia de paz comunitaria

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Los jueces de paz no han resuelto los conflictos comunitarios,

Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público

Por iniciativa, principalmente de conocidos abogados de la localidad, se estableció por ley la nueva justicia comunitaria de paz, descartando la tradicional institución del corregidor, cambiándolo por un llamado juez de paz.

Este nuevo y criticado sistema de justicia, especialmente practicado entre los sectores populares, en el seno de la principal célula territorial del país que es el corregimiento, evidentemente ha fracasado.

El llamado Juez de Paz, que los distinguidos abogados patrocinaron con vehemencia, corresponden a un ejercicio sobre una comunidad muy distinta a la que estamos habituados. Resultan incompetentes al momento de buscar el buen entendimiento entre personas o grupos en conflicto.

Ninguno de los principales actores que promovieron esa nueva figura de justicia jamás pisaron una corregiduría. Tampoco parecieran abogados litigantes. Tal vez, esos personajes de marras residían en un país sin panameños.

Las corregidurías, convertidas en casa de paz, no están funcionando. En consecuencia, en la base de la sociedad, el manejo y la administración de la justicia se realiza con muchos tropiezos y desencanto.

Son numerosos los casos denunciados de sujetos que son capturados con las manos en la masa. Sin embargo, por no haber completado su propósito, los jueces de paz no pueden sancionarlos, casi ni llamarles la atención. Son enviados a la calle nuevamente, listos a cometer delitos “muertos de risa”.

Los jueces de paz no sólo tienen una jurisdicción limitada, ya que están impedidos de aplicar sanciones si el robo cometido es de determinada cuantía. En otros casos, esos individuos carecen de la suficiente jerarquía para obligar el cumplimiento de ciertos acuerdos, sofisticadamente llamados “de paz”.

Quizás, la fórmula de restar dignidad a un cargo llamado a lograr orden y justicia, en determinada jurisdicción, es el hecho de que esos no reciben el apoyo prometido, después de un largo período de filtros, capacitación y entrevistas para escogerlos.

Los sueldos prometidos nunca llegaron, las mejoras en las llamadas casas de paz no se logran y el apoyo logístico y administrativo no lo reciben. Esa es una penosa situación.

¿Cuál será entonces el destino del sistema de la justicia de paz comunitaria?, Se sumará al descrédito que tiene el sistema penal acusatorio y la justicia en general en Panamá?

Es posible reforzar la ley que creo los jueces de paz, adscribiéndoles las facultades de un corregidor. Además, habría que darle apoyo logístico y financiero. De lo contrario, la justicia en los corregimientos en Panamá continuará dando tumbos, como ocurrió en áreas productivas en el distrito de Barú, donde el gobierno anterior instigó conflictos para ordenar la represión policial y despojar de sus fincas a productores agropecuarios.

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