Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Hace varios meses, el gobierno nacional sostenía una especie de disputa con la empresa minera, cuyo contrato había sido declarado inconstitucional, pese a todas las presiones para que no tuviera vigencia esa decisión. Actualmente, son invertidos cientos de miles de dólares de los ingresos económicos en una campaña que evidencia la artimaña publicitaria, buscando apoyo ciudadano.
Están vendiendo la soberanía panameña sobre una parte del territorio nacional, aduciendo una serie de ”bondades” del contrato antipatriótico, por 375 millones de dólares, una migaja de las ganancias multimillonarias de la empresa minera que explota antojadizamente las riquezas nacionales.
La artimaña publicitaria desnaturaliza la misión que le corresponde a una honesta administración pública, cuando engaña a miles de inocentes y desesperados jubilados y pensionados, señalando que, con un porcentaje de esos miserables 375 millones de dólares van a solucionar la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
El vocero gubernamental a cargo de difundir las ”bondades” del contrato, lo califica absurdamente de ”histórico”, ocultando los perjuicios ambientales. Asimismo, empezaron a vender parte de la soberanía terrestre y aérea, desacreditando el apellido que lleva y que una vez ostentó un panameño ilustre, quien suscribió la Carta de los Derechos Humanos y la Independencia de los Pueblos en una declaración de las Naciones Unidas. Ese personaje fue el ex presidente Ricardo J. Alfaro.
Sin rubor alguno, defiende junto a otros vende patrias, que el actual contrato minero es diferente al anteriormente declarado inconstitucional, sin mencionar que se basa precisamente en un estudio de impacto ambiental desfasado frente a nuevas normas que regulan esa materia.
El gobierno alardea de haber logrado la ridícula presencia de montar una oficina de seis funcionarios en las entrañas de ese monstruo que domina miles de hectáreas, para que ellos vigilen e inspeccionen los efectos ambientales y otros asuntos, si acaso les dan permiso, a una empresa que, como la constructora Odebrecht, es lo suficientemente poderosa como para comprar conciencias.
Al igual que en los tiempos en que los españoles nos conquistaron con espejitos, los funcionarios de hoy, en este gobierno, pretenden engañar a la población inteligente de Panamá destacando que la empresa, como cualquier otra, pagara ciertos impuestos. Pero no mencionan que tendrá concesiones para explotar oro, molibdeno y otros metales asociados, que valen más que el cobre, pagando un porcentaje con base a un Código de Recursos Minerales añejo y obsoleto.
Además, lo que no dicen las referidas cuñas publicitarias es que la empresa tiene la concesión de ampliar su cobertura de explotación, comprando o expropiando tierras particulares, con la anuencia inmediata del Estado.
Ese contrato tiene más elementos nocivos que combatir, debido a los efectos perjudiciales que superan al oprobioso convenio Hay-Bunau Varilla, que ningún panameño firmó. Los tiempos han cambiado y se espera que los verdaderos panameños se opongan a esta nueva afrenta a la patria istmeña.
Hola, buen día. No se ni que decir, ni que pensar, me da mucha vergüenza que hoy en día hay algunos compatriotas que no tienen el más mínimo amor por la Patria que los vio nacer
Toti totalmente de acuerdo con tus apreciaciones sobre el Contrato Minero. Nosotros los exinstitutores que al igual que otras fuerzas y generaciones del País luchamos por enclave Colonial de los Norteamericanos sentimos dolorosamente que se repite nuevamente la historia ahora con consecuencias aún más graves por sus repercusiones ambientales e incluso atentando contra la propiedad de tierras de gente muy humilde. Desafortunamente veo y espero equivocarme que nuestra JUVENTUD está dormida y no tiene o por lo menos no demuestra un verdadero interés de