Los sucesivos estallidos de casos de corrupción en Panamá han generado en la población una percepción más clara de debilidad y resquebrajamiento del sistema judicial, y de impunidad en los casos de alto perfil. Al mismo tiempo, queda en evidencia la relación de esos hechos con la pérdida de institucionalidad y la prevalencia de un modelo agotado que contribuye al clima de inseguridad.
En realidad, lo que se muestra en el escenario público es el resultado de una gobernanza fracasada, en la que los poderes económicos han impuestos sus reglas, al margen de la opinión de las mayorías. En la estructuración de ese modelo, han quedado subordinados los órganos del Estado, que se presentan como protagonistas impotentes para enderezar a un país vulnerado y cada vez más inseguro.
Hechos notorios que sacuden al país revelan el predominio del expolio y la pérdida progresiva de los bienes del Estado, así como la perniciosa supeditación al capital financiero para el diseño de políticas públicas. En ese ambiente de distorsiones e inequidad, la Justicia sigue atada de pies y manos, sin poder eludir las condiciones onerosas que lesionan y empujan al despeñadero su autonomía.
Panamá requiere una recomposición del Estado y una depuración a fondo de todas sus instancias con mando y jurisdicción, pero sobre la base de un programa nacional coherente y realizable. No bastan los esfuerzos de las organizaciones sociales movilizadas tras el llamado para enderezar a la Justicia, subordinada a los poderes fácticos. Hay que disponer de programa para acometer esa tarea.
Es imposible la Justicia donde prevalecen la inequidad y los privilegios, y una clase pudiente y antinacional envalentonada siga delineando la ruta del país en materia de privatización. Es ingenuo creer que las cosas cambiarán con actos de contrición y súplicas, ya que para poder avanzar con paso firme, en la dirección correcta, se necesita sacudir viejos cimientos y actuar a favor de los excluidos.
No hay otro camino válido, que el de la dignidad nacional. Hoy, organización, lucha y unidad son la clave para enfrentar los actos de oprobio en procura de un verdadero sistema de Justicia, que esté desligado de grupos económicos manipuladores. La suerte del país está en manos de los panameños, quienes deben decidir el futuro a través del diseño de estrategias que amparen el Estado nacional.
