Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Desde el momento en que el Órgano Ejecutivo envió al poder Legislativo propuestas de reformas a la Constitución Nacional, un mal sabor se proyectó entre quienes consideran que el tema es fundamental para el desarrollo del país. El Ejecutivo no le puso ni una coma, ni agregó una letra a las propuestas redactadas por una cuestionada comisión
El Legislativo decidió realizar una campaña de divulgación y recoger opiniones entre diversos sectores en el ámbito nacional, una “consulta ciudadana”, que, pese a los esfuerzos a cargo de un legislador, no se sabe si cumplieron las metas deseadas. Esta acción, necesariamente, tuvo un costo.
No obstante, considerando todavía factible alcanzar una reforma varias veces prometida, cuando comenzó a debatirse en el seno parlamentario (órgano también altamente cuestionado, que se autotitula la voz democrática del pueblo panameño), el mal sabor se tornó más amargo.
Las consecuencias de esas acciones inoportunas ya son previsibles: una mayoría de panameños ha comenzado a afirmar que las llamadas reformas a la Constitución Nacional recibirán un voto de castigo.
De castigo, porque no se han realizado acciones suficientemente prístinas, respecto a las aspiraciones populares. Ello se manifiesta en las campañas de no reelección, disminución de los poderes del Ejecutivo, un mejor sistema para seleccionar a los magistrados de la corte suprema de justicia y los diputados. En fin, hay una serie de anhelos no incluidos en la propuesta de la mal llamada comisión de la concertación.
Las horas dedicadas en la asamblea a la discusión y propuestas de las reformas han sido largas y tediosas. Tienen un costo.
Si a ello se suma el precio que cuesta a los profesores y estudiantes, a los periodistas, obreros y ciudadanos comunes, tener que dedicar horas para prepararse y participar en marchas de protesta, también ello tiene un alto costo.
Las llamadas reformas llegaron al Órgano Legislativo y luego comenzaron a convertirse en propuestas improvisadas, insulsas, que responden posiblemente a intereses creados, como los de subvencionar las empresas que lucran con la necesidad de la educación superior. Pretender manipular la opinión pública cercenando la libertad de expresión y otra serie valores, no hace prever un ambiente favorable al debate.
Con ese ejercicio fallido, los proponentes solamente obtuvieron indignación popular, a causa del rechazo y, finalmente, un alto costo al erario público, que todos pagamos con impuestos. Es decir, las reformas proyectaron, sin necesidad del reflejo de una bola de cristal, que tienen un destino final: el desprestigio.
