El contrato de concesión minera

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Federico Alfaro Boyd, durante el anuncio de la firma del contrato minero.

Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político

Para los panameños y las panameñas —“lectofóbicos”— que no están muy familiarizados con la lectura y que de seguro no leerán las 69 páginas de —El Contrato— de la concesión minera celebrado entre Federico Alfaro Boyd, en representación del gobierno de la plutocracia corrupta y clientelar, y el apoderado legal de una empresa particular panameña, denominada Minera Panamá, S.A., filial de la transnacional minera FIRST QUANTUM MINERALS LTD; aquí suministro un resumen ejecutivo del “CONSIDERANDO”, que, en mi opinión, permite aprehender el carácter antinacional, abusivo y leonino de un acuerdo que atenta contra la existencia de la República y sus habitantes.

En resumen, el considerando de marras es un fiel reflejo de los propósitos de las partes para estafar a la República de Panamá, mediante un acto de “mala fe” y concertado para afectar irremediablemente al Estado panameño.

En primer lugar, porque la concesión originaria (Concesión a la empresa Minera Petaquilla, S.A., unas 14.000 hectáreas en el “Cerro Petaquilla”, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, efectuada mediante la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, así como todos los demás instrumentos legales “accesorios”, transitaron el mismo recorrido jurídica que la propia Ley del contrato de petaquilla, esto es, se extinguieron, “murieron”, cesaron su existencia jurídica; en virtud del Fallo de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, proferido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2018.

De manera que ahora, por un acto de birlibirloque jurídico, no pueden hacer parte del nuevo contrato concertado entre la República de Panamá y una empresa particular de explotación minera de cobre, oro, plata y molibdeno, sencillamente, porque todos esos instrumentos de ley dejaron de existir en el mundo jurídico.

Segundo, constituye acto bochornoso, sospechoso e irregular, que el Fallo de inconstitucionalidad, fuera publicado en la Gaceta Oficial N° 29439 del miércoles 22 de diciembre de 2021, tres años después, del Fallo de la CSJ, sin duda, es evidente la dolosa complicidad del ministerio de la Presidencia a cargo del Vicepresidente de la República señor José Gabriel Carrizo Jaén, desde el 1 de julio de 2019, hasta su reciente renuncia.

Tercero, como queda establecido en el considerando de este monumento al absurdo jurídico, la empresa transnacional First Quantum Minerals Ltd, está excluida de toda responsabilidad contractual, a pesar de ser la dueña de Minera Panamá, S.A. y de las otras 18 compañías filiales.

Cuarto, el carácter retroactivo en la declaración de motivos y reiterada en las cláusulas de El Contrato, aparece en el siguiente enunciado: [El Estado reconoce que el desarrollo, operación y la expansión de la “Mina Cobre Panamá”…son de utilidad pública e interés social …”]

Quinto, dice otro de los considerando de El Contrato Fatal, “Que, uno de los principales acuerdos entre LAS PARTES para la celebración de este nuevo contrato, es que crea el marco de referencia para futuras concesiones similares”. ¡Salta la liebre!

En síntesis, por el contenido lesivo y monstruoso del considerando del Contrato se puede colegir la magnitud del daño irreversible que se le causa al medio ambiente de toda la geografía nacional y como consecuencia lógica a la nación panameña y al pueblo panameño. En pocas palabras, el país entero será convertido –a cuasi perpetuidad- en un enclave colonial minero y cloaca contaminada, por la bicoca de 375 millones de dólares anuales.

Conclusión. Basta leer de forma comprensiva el “CONSIDERANDO” (2 páginas) de El Contrato suscrito en nombre de la República de Panamá, por Federico —“Bunau Varilla”-— Alfaro Boyd, para comprobar de modo fehaciente que se trata de un acto de alta traición a los intereses nacionales.

Hombres y mujeres dignos, patriotas y decentes de Panamá. No queda de otra. El rechazo total y absoluto de semejante esperpento político y mamotreto jurídico.

¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.

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