Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
El cierre —asfixia financiera— de 18 cuentas bancarias, hace seis meses, al poderoso y beligerante Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), es una verdadera aberración. Esa medida fue aplicada sin que la docena de organizaciones nacionales de trabajadores se hayan pronunciado para denunciar la “ilegalidad” y “acción política” de las autoridades del Estado burgués neoliberal. El momento es propicio para realizar una breve reflexión sobre el carácter del Estado panameño, denominado República de Panamá.
Al SUNTRACS se le acusa de ser una “organización terrorista” y de realizar actividades ilícitas de “blanqueo de capitales”. Ninguno de los dos crímenes ha sido probado en tribunales competentes. Ni siquiera hay “pruebas indiciales”. De manera que un simple Amparo de Garantías Constitucionales, debió obligar a la Caja de Ahorros de Panamá a la reapertura de las cuentas bancarias del sindicato de la construcción panameño.
Pero resulta que la República neoliberal de Panamá, en función de la dictadura de una minoría, la burguesía financiera (los banqueros), la dueña del capital financiero; ha querido aleccionar a “los violentos”. Lo que estamos viendo, la “represión” de los trabajadores de la construcción, es una demostración palpable del accionar de una “dictadura de clase”. La acción represiva (financiera) de la minoría dominante del Estado de la democracia burguesa neoliberal, en contra de la mayoría, en este caso que nos ocupa, contra la clase trabajadora.
Todo Estado impone su poder a la sociedad —y la República de Panamá no es la excepción— por medio de un derecho, pero ese “derecho” no puede ser jamás el fundamento de ese poder. El fundamento real de ese poder es la relación de fuerzas entre las clases. “Una relación de fuerzas históricas”. Es decir, “el Estado se asienta sobre una relación de fuerzas entre las clases” (burguesía financiera dominante versus trabajadores y demás clases subalternas y dominadas) y, en lo absoluto, sobre el interés público y la voluntad general, como sostiene el constitucionalismo neoliberal.
Dicho de otra manera, una relación de fuerzas histórica entre las clases, está fundada sobre el conjunto de luchas de clase. En particular, sobre la relación de fuerzas económicas (monopolio de los medios de producción por parte de la burguesía, ricos empresarios) y las relaciones de fuerzas ideológicas (aparato del Estado, derecho burgués).
De manera que todas las funciones del Estado son políticas. No existe división o exclusión entre las funciones económicas-financieras y las funciones ideológicas del Estado. Justamente, el fundador del primer Estado obrero del mundo, Lenin, citando al socialista belga, Vandervelde decía: “El Estado, en Marx y Engels, no es un Estado en el sentido amplio, no es el Estado como organismo de administración, representante de los intereses generales de la sociedad. Es un Estado-poder, el Estado órgano de autoridad, el Estado instrumento de la dominación de una clase sobre otra”.
En síntesis, la República de Panamá, a la luz del materialismo histórico, es un Estado dominado por la burguesía liberal comercial transitista, primero, y los últimos 35 años, por la burguesía financiera neoliberal. Y, el gobierno empresarial, del ultraderechista presidente proclamado que se instalará el 1 de julio, es la expresión de esa relación de fuerza de la clase dominante, la casta empresarial, la minoría de millonarios de Panamá.
¡Así de sencilla es la cosa!
