“Educación agropecuaria en peligro”, denuncia líder agrario panameño
- Negros nubarrones aparecen sobre escuelas e institutos agropecuarios, debido a la voracidad de grupos económicos poderosos que asumen el control de tierras del Estado.
Por David Carrasco
Las concesiones otorgadas por el Estado a empresas particulares para la administración de tierras e instalaciones de centros de enseñanza en áreas rurales, amenazan el patrimonio de los panameños y colocan en riesgo a la Educación Agropecuaria en Panamá, denunció el dirigente agrario Mario Domínguez.
En una entrevista concedida a Bayano digital, Domínguez, quien aspira a la segunda vicepresidencia del Comité Ejecutivo del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), sostuvo que la Contraloría General debe investigar posibles lesiones patrimoniales que afectan la reactivación del sector productivo.
Señaló que la venta de valiosas tierras de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Panamá en el sector de Tocumen, que luego fueron adjudicadas a un grupo comercial, revela la pérdida de recursos que estaban destinados originalmente a la Educación.
El INA en la cuerda floja
Domínguez resaltó que el Instituto Nacional de Agricultura (INA) se ha convertido en blanco de intentos de despojo. De hecho, durante la administración de Ricardo Martinelli, se pasó por encima de la ley para que fuesen traspasadas 200 hectáreas de ese centro de enseñanza al Instituto Panameño de Ganadería de Leche (Ipagal), presuntamente con fines de investigación científica.
En la práctica, se tomó la decisión de crear un instituto dentro de un instituto legalmente constituido orientado la enseñanza pública. Pero Ipagal no recibió un terreno cualquiera, ya que asumió el control sobre tierras fértiles en una finca en los sectores de Portugal y Limón, a orillas del río Santa María, en la región central del país. En cambio, el INA no recibió absolutamente nada.
Domínguez adujo que “el INA mantiene acuerdos de cooperación técnica con prestigiosos centros e instituto en el mundo, como la Universidad de Texas A&M, la Universidad Zamorano (Honduras) y el Centro Kellogg, que no pueden ser desconocidos”. Añadió que, en forma increíble, “ese Instituto ha dejado de darle uso a sus bienes, lo que revela una profunda incapacidad institucional”.
Asimismo, hay quienes pretenden recibir otras 200 hectáreas de la finca 198 (sector de Pacheco), lo que condenaría al centro a la pérdida de tierras destinadas a investigaciones. En ese sentido, el dirigente agrario culpó a la “deficiente administración” del INA, por no haberse comprometido a ejecutar programas, antes de que intereses privados obtuviesen usufructo de esas tierras,
Hace algunas semanas, un tractor conducido por elementos ajenos al plantel ingresó a esas tierras y destruyo un canal de riego. Se presume que el atentado esté vinculado a intentos de provocar una ruina planificada y silenciosa, para obtener ventajas económicas.
Varela entra en escena
En julio de 2014, el presidente Juan Carlos Varela prometió que destinaría 22 millones de dólares para el rescate del INA y sus deterioradas instalaciones. Un año después, aseguró que crearía allí una institución superior de enseñanza de la agricultura, para elevar la Educación de quienes aspiren a estudiar carreras agropecuarias.
Sin embargo, Domínguez manifestó: “volvemos a lo mismo. Terreno más dinero, sin capacidad y competencia técnica, no nos lleva a ninguna parte. En el fondo, lo que hay es una profunda incapacidad, una falta de proyecto de qué hacer”, lo que a su vez se traduce en pérdida de recursos y valiosos bienes del Estado, y de la fuga de talentos agotados por la corrupción y el pillaje.
Bayano digital confirmó que a lo largo del tiempo, el INA ha sido blanco de diversos intereses particulares. Durante el período en que el general Rubén Darío Paredes ocupó la jefatura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el empresario “Lindy” Pérez recibió una concesión para operar una lechería en tierras del plantel. Esa empresa no pago ni luz ni agua mientras operó en esa área.
El IDIAP desgarrado
Domínguez mostró su indignación porque instalaciones ganaderas del estatal Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP), en el distrito de Gualaca, en la occidental provincia de Chiriquí, han sido transferidas a un particular. “Es constante, la pérdida de terrenos del Estado, lo que no debe ser permitido”, acotó el dirigente al llamar al gobierno a apoyar con valentía el desarrollo del agro.
Recalcó que la Contraloría General debe identificar si ha habido en el INA y en otros centros educativos del país algún tipo de lesión patrimonial, para que la Fiscalía Anticorrupción desempeñe sus funciones en forma ágil, de acuerdo con la legislación vigente.
“Exijo respeto digno para los productores y un genuino interés a favor del agro, para producir los alimentos que necesita el país, en contra de intermediarios que conducen al empobrecimiento de la población y han llevado al sector a una participación reducida de 2,5 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB)”, apuntó Domínguez.
