EDITORIAL: Narcotráfico amenaza a la seguridad en Panamá
La detención de cinco altos oficiales de la Fuerza Pública, en una operación antidroga ejecutada en Panamá, confirma una antigua sospecha: la penetración de las redes del narcotráfico y el crimen organizado en organismos de Seguridad del Estado y el deterioro de la institucionalidad ante la falta de claros objetivos nacionales.
En un país donde se concede poco valor a la lucha patriótica y ve como triunfador a quien amasa fortunas y dispone de bienes por encima de la capacidad promedio de los demás, la apuesta por el camino delictivo encuentra un campo propicio. Desarraigados de una historia de sacrificios y desprovistos de “espíritu de cuerpo”, los agentes detenidos tenían pactos con los “capos” de la cocaína.
Sin embargo, su situación no es diferente a la de funcionarios con mando, y jurisdicción, y políticos, que recibieron sobornos a cambio de favores. El modelo de penetración del narcotráfico en Panamá, se asemeja al implantado por los carteles mexicanos de la droga, quienes impusieron reglas sobre una montaña de muertos y desaparecidos. Compraron a cuerpos policiales, fiscales y jueces, financiaron campañas electorales y sometieron a muchos al terror.
En territorio panameño, el trasiego internacional de drogas ha destapado la corrupción, incluso en las cárceles, donde jefes de bandas ordenan el ajusticiamiento sumario de sus rivales para garantizar el “ajuste de cuentas”. Los cadáveres atados de pies y manos, que aparecen en parajes solitarios con señales de tortura, son un indicador de la violencia vinculada al crimen organizado, pero también revelan la falta de mecanismos para combatirla en forma eficaz para detener esa sangría en barrios empobrecidos.
El narcotráfico genera una economía paralela con negocios multimillonarios, a veces imperceptibles, en los que son pagados altos beneficios económicos, sin escrituras ni recibos, para satisfacer principalmente la demanda del mercado estadounidense y europeo. Grandes firmas comerciales y testaferros entran en escena para el “lavado de activos” y manejo de las fachadas de esas operaciones en el sistema de economía abierta y dolarizada de Panamá.
Bajo ese modelo, no es difícil presumir que la Seguridad esté comprometida y que el narcotráfico haya minado estructuras del Estado que requieren ser saneadas. La falta de un proyecto de liberador complica ese panorama, en medio del desafío en el que los panameños deben decidir el país que quieren y por el cual estén dispuestos a luchar, sin que ello implique aceptar los modelos intervencionistas con el pretexto de combatir el narcotráfico. Panamá requiere una política propia de Seguridad contra la droga.
