(Redacción de Bayano digital)
Dirigentes populares integrados en una Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL) emitieron un pronunciamiento en el que condenan los intentos oficialistas de provocar su desalojo forzoso en el sector de Panamá Oeste, donde familias humildes han tenido que ocupar lotes baldíos para aspirar a tener una casa propia, digna, segura y habitable.
Bayano digital reproduce un comunicado de esta organización en el que se advierte sobre mecanismos de fuerza urdidos para expulsar de ese territorio a familias desposeídas que apelan al respeto de los derechos humanos y de acuerdos vigentes, en procura de una solución pacífica y efectiva:
Por este medio, hacemos de conocimiento público al pueblo panameño, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales consecuentes de nuestro país e internacionales y a organizaciones de Derechos Humanos, que hemos tenido información de que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela prepara a más de 3.000 policías, Unidades del Control de Multitudes UCM, Unidades del Servicio Nacional de Frontera, y Unidades Especializadas Águilas Negras, y retroexcavadoras para desalojar el día miércoles 13 de junio de sus casas a más de 1.000 familias, que viven en la comunidad de la Gran Bendición, de Burunga, Arraiján.
Advertimos al gobierno panameño que la comunidad mencionada se encuentra en una mesa de diálogo interinstitucional con el gobierno, como miembro de la Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL), donde se mantienen conversaciones simultaneas con otras comunidades para encontrar solución a estas familias, que tienen todo el derecho por ley de ocupar una vivienda digna, tal como así lo señala el Artículo 117 de la Constitución Política de la República de Panamá, el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Artículos 626, 627, 628, y 630 del Código de la Familia entre otras leyes objetivas y convenios internacionales que regulan el Derecho inalienable a la vivienda.
Queremos recordar que el lunes 4 de junio se dio el desalojo de la comunidad Nueva Jerusalén de Arraiján, donde la Policía con más de 800 unidades utilizó ilegalmente la fuerza letal, disparando contra la comunidad con saldo de graves heridos de bala, y 18 detenidos, violándose los Derechos Humanos de más de 400 familias humildes que han quedado en la calle, durmiendo en un albergue improvisado en hamacas y cartones con cientos de niños en edad de lactancia y muchos en edad escolar, quienes perdieron sus uniformes de escuela y útiles escolares tras la voracidad de la policía que derribaba las casas y destruía los enseres domésticos con ayuda de autoridades locales.
Los residentes de la comunidad de la Gran Bendición han manifestado que no saldrán con las manos en alto de sus humildes casitas de zinc y madera, porque es lo único que tienen para dar abrigo a sus hijos, y están dispuestos a pagar el precio de la tierra que ocupan al Banco Hipotecario Nacional.
Recordamos al presidente Juan Carlos Varela, que él reconoció en reunión sostenida con los dirigentes de la comunidad La Bendición de Arraiján y otras, que el Artículo 50 de la Constitucional establece que:
“El interés social o interés general están por encima del interés particular” y, por lo tanto, legalizaría las tierras a las comunidades después de realizar un contrato de permuta con los propietarios o una expropiación en base a los Artículos 40, 50 y 51 de la Constitución Nacional.
