Las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, divulgadas en los medios de comunicación, en las que señaló que se estaba esperando un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para conocer la situación real del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), constituye, pese a su apariencia técnica, un hecho extremadamente peligroso para la población asegurada. Esto se evidencia si tenemos en cuenta la actual visión del FMI, en torno a los programas de pensiones por vejez, así como las medidas ha venido proponiendo a nivel internacional sobre los mismos.
Las ideas básicas del FMI sobre el tema de la pensiones por vejez se encuentra en el capítulo 4 de su Global Financial Stability Report de abril de 2012. En este capítulo titulado “The financial impact of longevity risk”, se introduce, para comenzar, el concepto del “riesgo de la longevidad”, el cual se entiende como “el riesgo de que el lapso de vida de los individuos o de toda la población pueda exceder las expectativas”. Se trata de una extraña posición, en la que la posibilidad de vivir más allá de lo esperado no se celebra como un beneficio, sino como un riesgo que causa problemas. Luego de la definición, en segundo lugar, el riesgo en mención se caracteriza como uno de tipo financiero, lo que queda claro en la insistencia de que el mismo es capaz de afectar negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Esto último marca claramente la visión del FMI, de acuerdo a la cual el posible incremento de la esperanza de vida más allá de los 60 años de edad constituye un riesgo financiero, que puede afectar las posibilidades de que el Estado cumpla puntualmente con sus compromisos, entre los que, como es lógico, se destaca el servicio de la deuda pública, principalmente la externa propiedad del capital financiero internacional. Claramente, el FMI subordina la vida a los intereses del dios dinero.
Sobre esta base, el FMI ha venido proponiendo diversas acciones. La primera de ella es la de elevar la edad de jubilación no solo una vez, sino de manera automática cada vez que se eleve la esperanza de vida de los pensionados. La edad de jubilación pasa, entonces, a ser una incógnita. La segunda propuesta es la de elevar las cotizaciones (cuotas) y reducir las pensiones otorgadas, mientras que la tercera busca pasar al sector privado la actividad financiera que implica la cobertura del llamado riesgo de la longevidad.
La posición extremadamente radical del FMI ha llevado a algunos de sus funcionarios a proponer y apoyar las llamadas hipotecas inversas. Este mecanismos significa que alguna empresa financiera, por ejemplo un banco o un seguro, entrega a la persona una renta vitalicia mientras viva, luego de la edad de jubilación, a cambio de que al momento de su muerte la propiedad de su casa pase a dicha empresa financiera.
En el caso de Panamá, el FMI ya ha estado avanzando en hacer recomendaciones, que, como de costumbre, resultan intentos de imposición basados en el chantaje financiero. Estas se encuentran desarrolladas en el documento “Panamá. Staff report for the 2015 article IV consultation” (19 de mayo de 2015). Las mismas parten de la opinión de que aún después de la Ley 51 de diciembre de 2005, conocida en nuestro país como la Ley de la muerte, el sistema de pensiones del país “sigue siendo generoso”, por lo que propone tres medidas específicas: i) elevar la edad de jubilación para todos los asegurados; ii) equiparar la edad de jubilación de los hombres y las mujeres; iii) la reducción de la llamada tasa de remplazo, que significaría que la base de las pensiones ya no serían el 60% de los sueldos de los 10 mejores años, sino un porcentaje menos de un número mayor de años. De hecho, para dar un ejemplo, en España, que el documento pone como ejemplo, la tasa de remplazo es el 50% del salario promedio de los mejores 25 años.
Si tenemos en cuenta que, como hemos demostrado reiteradamente, el problema de las pensiones se origina en la Ley 51 y su ruptura del sistema solidario, resulta claro que el FMI y sus aliados internos simplemente tratan de introducir un conjunto de medidas perversas, a fin de transferir el costo hacia la población más vulnerable. Debemos iniciar, entonces, la movilización, para evitar que el actual gobierno junto al FMI nos impongan una serie de medidas que radicalicen todavía más el contenido de la conocida Ley de la muerte.
