Contralor de Panamá en busca el arca perdida
(Redacción de Bayano)
El contralor general de la República, Federico Humbert, confirmó que esa institución fiscalizadora del Estado investiga una lesión patrimonial que sobrepasa los 300 millones de dólares, y adujo que ese proceso ha sido iniciado tras una depuración de directores y auditores cómplices que permitieron la sustracción de recursos que hubiesen sido destinados a obras de desarrollo.
La declaración del contralor ha sido seguida con interés por diversos sectores sociales y políticos, quienes exigen respuestas enérgicas y procesos contra el inmenso latrocinio realizado en el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que involucró en varios escándalos a altos funcionarios y empresarios.
Sin embargo, el consultor internacional Cecilio Simon y los economistas Rubiel Cajar y Juan Jované advirtieron que la lesión patrimonial en la pasada administración sobrepasa los 4.000 millones de dólares, y que la cifra suministrada por el contralor es una parte minúscula de las vaciadas arcas del Estado.
Los 4.000 millones de dólares forman parte de un botín que está en manos ajenas y debe ser recuperado, en procura de la transparencia y la justicia que reclaman los ciudadanos de este país.
En ese ámbito, es que tendrá que ser probada la capacidad y audacia del contralor para enfrentar el expolio de bienes públicos y llevar a la cárcel a los corruptos que amañaron contratos, aplicaron sobreprecios y saquearon sin pudor el Tesoro Nacional.
Humbert resaltó que la Contraloría no puede fundamentarse en estimaciones económicas, sino en hechos concretos. Entre las auditorías más importantes efectuadas a la fecha, están las relacionadas con el alquiler de helicópteros y los bienes particulares adquiridos con fondos estatales. Pero, obviamente, ello es la “punta de un iceberg” de la depredación cometida que hay que investigar.
Asimismo, el contralor destacó los casos de enriquecimiento injustificado del ex magistrado Alejandro Moncada Luna, actualmente en la cárcel, y del ex ministro Guillermo Ferrufino, bajo detención. Las investigaciones abarcan a consulados panameños en el exterior, que manejaron cuantiosos fondos del registro de naves.
Otras auditorías fueron realizadas en unas 150 Juntas Comunales (gobiernos locales) y 46 a distintas entidades del Estado. Aún quedan por iniciar 104 auditorías a Juntas Comunales. “Esa investigación está hecha con calidad”, con apego a procedimientos establecidos, comentó el contralor.
Humbert resaltó que en 15 Juntas Comunales auditadas se comprobó que fueron emitidos 308 cheques por 15.000 dólares, cada uno, a favor de una sola persona. Es decir, que esa recibió 4,6 millones de dólares en forma ilegal. Voluminosos expedientes reafirman que en cinco años Panamá estuvo sometida a la trampa y el robo impune.
