Designaciones presidenciales ponen en riesgo patrimonio canalero

0
110

(Redacción de Bayano digital)

El anuncio del presidente Juan Carlos Varela, de designar a tres personas de su entera confianza para sustituir a igual número de integrantes de la Junta Directiva del Canal de Panamá, confirma la sospecha de gremios y sindicatos de que la vía interoceánica está amenazada por intereses económicos de la élite del capital financiero que succiona los recursos del Estado panameño.

Los elegidos por el mandatario son, precisamente, la canciller y vicepresidenta, Isabel De Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Jorge González; y el embajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González Revilla. El grupo de favoritos representa a un sector privilegiado con intereses concretos en los negocios claves para el transporte en la franja canalera y la explotación marítima y portuaria.

A ello se debe el inmediato y enérgico rechazo de los líderes de asociaciones y movimientos sociales, quienes reaccionaron con diversos pronunciamientos y comunicados de advertencia para denunciar la falta de escrúpulos en la solicitud presidencial dirigida a que la Asamblea Nacional de Diputados aprobase la polémica terna. El señalamiento ha sido dirigido a preservar la transparencia efectiva en el Canal.

Además, el presidente de la república incumplió la promesa oficial empeñada a comienzos de su mandato, de designar en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a un dirigente sindical o representante de los movimientos sociales, quien tendría la misión de velar porque los beneficios generados por el manejo y funcionamiento de la vía acuática tengan el mayor uso colectivo posible.

La decisión gubernamental representa, sobre todo, una fuente de conflicto y confrontación, y carece del sentido de unidad nacional. Las voces contestatarias han reconocido en esa acción el riesgo de montar en la ACP una estructura administrativa subordinada a grupos aristocráticos, tras el estallido de sucesivos escándalos en los que ha aflorado el traslado de bienes patrimoniales del Estado a grupos privados favorecidos con concesiones y contratos.

EL momento crucial exige una actitud vigilante para prevenir la elección de un administrador de la ACP entregado a las élites del capital financiero. Panamá necesita mantener su prestigio como operador eficiente y garantizar el tránsito neutral y seguro de buques a través de la vía interoceánica, que permanece en manos panameñas desde 1999, y sirve al creciente comercio marítimo mundial.

Los actos de prepotencia e imprudencia presidencial para designar a una camarilla de amigos al frente de recurso estratégico de este país, son procedimiento inaceptables, no sólo porque atentan contra los intereses de la mayoría, sino porque desconocen el sacrificio de las generaciones que dieron su sangre por la recuperación de la plena soberanía panameña y la abrogación del tratado de 1903.

El sacrificio de los mártires de enero de 1964 permitió avanzar en el proceso enfocado en la descolonización de la antigua Zona del Canal para recuperar y transformar las bases extranjeras en áreas productivas. Sin embargo, es improcedente validar el proyecto de convertir a las instancias rectoras de la vía acuática en una oficina de bienes y raíces y concesiones de zonas portuarias de alto valor económico que promueven el despojo de tierras y aguas a favor grupos antinacionales.

Sede de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here