José Bernardo González
Ingeniero Agrónomo y Economista Agrícola
gonzalez.josebernardo@gmail.com
Muchas cosas han sucedido en la vida nacional y el sector agropecuario. Los acontecimientos han evidenciado que las políticas públicas para el sector, incluso las peticiones de los productores y acuerdos alcanzados, no han resuelto el problema en cuanto a la baja rentabilidad de los productores y su débil articulación con los mercados, menos la construcción de una visión a largo plazo para atender los desafíos de la agricultura y el desarrollo rural.
Se han aprobado nuevas leyes para incentivar al sector agropecuario, que atienden a asuntos sub-sectoriales y que presuponen que la situación de los mercados y productos se va a mantener, o que la sociedad está dispuesta a pagar por la ineficiencia en la cadena proveedores de alimentos, pero no abordan estructuralmente el problema.
Hay una preocupación legítima de atender la política agrícola por un lado, y la pobreza y el crecimiento por el otro. Sin embargo, será necesario cambiar los paradigmas de diseño de políticas para que estas soluciones sean sustentables y garanticen que los productores sigan en la actividad, pero también mejore la situación social.
Entre tanto, el gobierno central trata de paliar el temporal de reclamaciones de los productores, no sólo tratando de cumplir con los acuerdos internacionales, manteniendo los beneficios que trae la apertura de los mercados a los sectores mejor posicionados de la economía, sino también con los productores, llegando a acuerdos coyunturales de comprarles la producción, empujando hacia adelante las verdaderas causas de los conflictos, convirtiéndose en un ciclo permanente de tensiones sociales, sin llegar a soluciones de largo plazo.
Aunque la agricultura es una pieza clave en las políticas para garantizar la seguridad alimentaria y generar ingresos a los productores y trabajadores agrícolas, la actividad como empresa no puede por sí misma resolver sus problemas de competitividad y desarrollo que pretende, como una actividad aislada del territorio en el cual está establecida.
No sólo a lo interno de la empresa agrícola se debe buscar la competitividad, sino que está supeditada también a los actores externos, como otras empresas, instituciones, bienes públicos, mercado laboral, etc. En otras palabras, no compite la empresa de forma aislada, sino que lo hace la red de empresas y cadena productiva en la cual se inserta, así como el territorio donde se localiza ese conjunto de actores e instituciones que conforman dicha cadena productiva. A pesar de esa realidad, las actuaciones del Estado han sido genéricas, e impiden incorporar en ellas los rasgos específicos de diferentes territorios y sistemas productivos locales.
El enfoque de desarrollo económico local atiende esta visión del desarrollo desde la comprensión del territorio, es una alternativa al tipo de políticas asistenciales y de la lógica dependiente de las subvenciones, tratando de incidir en la generación de empleos y renta, derivados de una mejora en la productividad y competitividad de los diferentes sistemas productivos locales.
Es necesario entender que los sistemas productivos locales son unidades de análisis territorial para el diseño de las políticas, en las cuales las economías de la producción internas a las empresas se entrelazan con las economías externas locales, superándose así el análisis según tipos de empresas, ya que lo importante no es tanto el tamaño sino la interacción entre las mismas y diferentes territorios.
De este modo, junto a las relaciones económicas y técnicas de producción resultan esenciales para el desarrollo económico las relaciones sociales, el fomento de la cultura emprendedora local, la formación de redes asociativas entre actores locales y la construcción de capital social.
Esto significa transitar por ejemplo desde subsidios, incentivos, entrega de bienes privados, etc. que pretenden resolver el problema de la renta individual de la empresa agrícola, hacia políticas territoriales de desarrollo económico, fortaleciendo el tejido productivo, del conocimiento, la innovación, la articulación con los mercados y el mercado laboral, que no sólo lograrían mejorar los ingresos de unidad agropecuaria, sino que ayudaría en mucho a mejorar el ingreso y empleo de los habitantes en su conjunto, mejorando todo el sistema productivo.
Este enfoque también exige una actuación decidida desde las instancias públicas territoriales, lo que hace obligado incorporar en las políticas, estrategias y programas a los gobiernos locales. Por tanto la descentralización no podrá limitarse únicamente a mejorar la capacidad de gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a ellos, sino que deberá incorporar su nuevo papel de animadores y promotores del desarrollo económico local conjuntamente con el resto de los actores territoriales.
En conclusión, proponemos un cambio en la forma de atender al sector agropecuario y la pobreza rural, desde un reconocimiento de que no es posible solucionarlos solamente con la mirada de la empresa agrícola y su competitividad interna, sino que es necesario abordarlo como un sistema complejo.
