Por Alberto Velásquez,
Periodista
Además de los precios de la gasolina, manejada por un oligopolio, congelar los precios de una serie de alimentos, y lograr conpras directas a las casas farmacéuticas de las medicinas, es necesario incluir en las demandas populares los incentivos fiscales que, gobierno tras gobierno, han concedido a grupos privados en Panamá.
A través de una reciente ley, suscrita por el presidente Laurentino Cortizo, se concede a privilegiados la posibilidad de que recompensen al 100 por ciento sus inversiones en el sector Turismo, con los créditos fiscales que, incluso, pueden vender a terceras personas.
Sin duda alguna, es necesario regular y añadir al temario del debate nacional los beneficios fiscales, para que sean mejoradas las fuentes de financiamiento en este país.
Esos incentivos deben ser incluidos en las demandas planteadas en las manifestaciones populares, porque suman cientos de millones de dólares que sacrifica el Estado a beneficio de privilegiados. Ese dinero no está cuantificado en el presupuesto nacional.
Los incentivos fiscales, otorgados a empresas, son cuantiosos para la economía nacional y, en vista de que se aplican sin regulación alguna, contribuyen a que Panamá sea considerada en el exterior como un “paraíso fiscal”.
La ley que privilegia al grupo que se ampara en la publicitada “promoción del Turismo”, fue la cerecita del pastel, con la cual cientos de compañías influyentes han evadido el sistema tributario.
Estudios técnicos realizados por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) reconocen que el modelo tributario en este país es muy complejo e incoherente, en cuanto a su estructura técnica. Ello constituye la puerta de acceso a la corrupción.
Si bien es cierto que no se puede calcular exactamente lo que deja de recibir el fisco con cada incentivo conferido, las estadísticas indican que son parte de la lesión a la economía nacional.
Según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de 1955 a 2009, se otorgaron 1.032 millones de dólares en incentivos fiscales, sin considerar los cambios repentinos incorporados en la ley 18 de 19 de junio de 2006, que representó un promedio anual de 146 millones de dólares.
Los incentivos fiscales otorgados sin planificación alguna, preferentemente a los que llamaron hace años “el club de los exonerados”, deben tomarse en cuenta al momento de exigir mejores días para los nacionales en Panamá.
