De Veranillo, San Miguelito en 1967 a Palmito, Barú en 2019
Por Julio Bermúdez Valdés
Redacción Bayano digital
Cuando se escriba este período para la posteridad, Juan Carlos Varela ha de ser recordado como el presidente que, post invasión, reincorporó los mayores retrocesos a la historia social del país. Pese a que hay varios señalamientos que se le podrían hacer, baste mirar con estupor el drama que se ha incubado en el occidente del país, con la feroz destrucción de los cultivos de productores que, por un determinado número de años sembró allí plátanos.
Las imágenes que transcurrieron este viernes por las redes sociales, (casi ninguna se ha visto, sospechosamente, por las grandes televisoras), la llegada de más de 40 tractores que como hordas se tomaron la finca del Palmito, en Barú; la desolación dejada en las plantaciones, la llegada de las unidades de SENAFRONT y el posterior arresto del dirigente Marvin Wilcox, rememoraron medidas dramáticas que los gobiernos oligárquicos asumían en los años sesenta. Otra vez policías, hijos de pobres, reprimiendo pobres.
Célebre, por ejemplo, aquella tragedia ocurrida en 1967 en la localidad de Veranillo, en San Miguelito, cuando “en defensa de la propiedad privada”, un tractor comenzó a derribar casa de precaristas, entre esas, la de una mujer cuyos hijos estaban solos, mientras ella trabajaba. El coraje de aquella mujer al ver a sus hijos abandonados junto a la casa destrozada fue tal, que tomó un machete y lo descargó sobre el ingeniero jefe de la horda que desalojaba. El juicio fue memorable porque la mujer fue declarada inocente. Así nació San Miguelito, declarado “distrito especial” en julio de 1970.
En 1971, en la localidad del Mamey, sector uno de Don Bosco, por primera vez una autoridad se reunía con los precaristas. Era el general Omar Torrijos, quien les anunciaba la expropiación de esos terrenos propiedad entre otros de las familias, Goitia, Recuero, Icaza y Sierra. En 1972 surgía el Proyecto Samaria (PROSA), que con dos millones de dólares y bajo la orientación de Dimas Alí Núñez, organizó lotes, dio agua, luz y veredas a los residentes. Eso fue lo que hizo en aquel momento quien sigue siendo llamado por unos “dictador”, en contraposición a un presidente elegido democráticamente como el señor Juan Carlos Varela.
A Marvin Wilcox, multado con 500 dólares, le destruyeron su casa el pasado mes de noviembre en las mismas condiciones en que han sido destruidas ahora las plantaciones, en lugar de entrar a resolver correctamente ese litigio, que pasa por la necesaria indemnización de los productores y el reconocimiento de sus derechos, así como ha sido defendida la legalidad del contrato firmado entre el gobierno y la empresa Banapiña.
Nada casual sería que aquellos panameños ante el ultraje asumieran medidas drásticas o desesperadas de resistencia, por la violencia con que han sido tratados. Cuanta irresponsabilidad la del señor Varela y su gobierno. Qué bueno que ya parten, aunque van dejándole al nuevo gobierno un escenario complicado.
