Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
El carácter de simple remplazante del “primer obrero del país” (como se autodenomina el presidente), le viene dado al segundo al mando de la República, por disposición de los cuatro (4) numerales del Artículo 185 del Título VI de la “hoja de papel” panameña.
Tradición y mandato constitucional que rodó por el suelo ensangrentado istmeño, al igual que miles de vidas de humildes hijos de la Patria, producto de la cruenta y genocida invasión militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989 y, específicamente, con el retorno al poder de la oligarquía, representada por el triunvirato ENDARA, ARIAS CALDERÓN y FORD; presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la República, los dos últimos, también ministros de Gobierno y Justicia (hoy dividido en dos Ministerios) y ministro de Hacienda y Tesoro (hoy MEF), respectivamente.
Ese antecedente tiene una explicación política y se debió, por un lado, a la debilidad de la entelequia política prestada de Guillermo Endara y, por el otro, al enorme caudal electoral y prestigio político de la Democracia Cristiana, liderada por RAC, y del propio partido del “gallo ronco”.
“El hombre y sus circunstancias”
Sin embargo, convertido el gobierno en botín o “piñata” política de las cúpulas de las entelequias ganadoras de las elecciones, esa conducta inconstitucional se hizo costumbre, hasta derivar en lo que hoy día es el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, supuestamente, jefe del grupo de la “Casona de San Felipe”.
En efecto, desde el arribo al poder de la plutocracia del “buen gobierno», el ministerio de la Presidencia es, literalmente, el cuartel del cohecho. A esa entidad publica le han sido endilgados todo tipo de “negocios” con demasiada opacidad, que van desde la compra de “ventiladores” al inicio de la pandemia, hasta una multitud de compras directas que hoy suman el escandaloso monto de casi mil millones de dólares.
Dice un refrán: “por sus hechos los conoceréis”. Y es el propio ministro de la Presidencia y ungido candidato presidencial para los comicios del año 2024, quien hace pocas semanas suscribió un Decreto declarando las actas de las reuniones del Consejo de Gabinete, así como las notas del presidente y vicepresidente de la República, como documentos de carácter confidencial. Es decir, escritos cuyo contenido no podrán ser revelados hasta diez años después.
¿Por qué ocultar el resultado de las reuniones donde se toman las decisiones más trascendentales para el destino de todos los panameños? La respuesta es sencilla: “Mucha turbiedad en ‘las alturas del poder”.
¡Así de sencilla es la cosa!
