CUCO: piedra en el zapato de las élites

“[…] las propuestas de la CUCO vienen a probar el carácter del Estado […] y convierten a esta coalición […] en una piedra en el zapato de las élites, que ya no pueden ocultar que tienen una agenda gentrificadora”. 

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Jóvenes protestan en la ciudad de Colón. (Foto de Archivo).

JPor Roberto Antonio Pinnock Rodríguez
Sociólogo

Recientemente, viene desarrollándose una especie de diálogo sobre la realización de proyectos de inversión, mayoritariamente de infraestructuras físicas, que son parte de las necesidades del pueblo colonense. La interlocución se ha establecido entre las “fuerzas vivas” de la provincia —movimiento que incluye a propietarios de pequeña y mediana escala y clases trabajadoras asalariada— y el Gobierno. Estas fuerzas que han entablado estas negociaciones con las autoridades del Estado se han identificado como “Coalición de la Unidad por Colón”, bajo las siglas CUCO.

Este cruce de argumentos e intereses entre entidades de la sociedad civil y política —las autoridades del Gobierno centralista— está sustancialmente más cerca de ser un diálogo —aunque esté a prueba aún— que el de carácter nacional llamado “bicentenario”, con todo y su plataforma tecnológica de alta simulación de democracia.

Este proceso en Colón apunta a ser democrático, en tanto la relación del Gobierno es con las fuerzas que expresan la base de la sociedad y no con entes que solo se representan a ellos o a grupos poco representativos, tal como ha venido ocurriendo en diversos escenarios de “diálogos” montados para entretenimiento de las fuerzas vivas involucradas, lo que los ha convertido en meros cuasidiálogos.

Por otro lado, la CUCO se ha convertido, sin proponérselo, en tropiezo para los apetitos de las élites que solo ven en los proyectos de inversión del Estado meras oportunidades de negocios, generalmente de espaldas a las necesidades del pueblo.

Esto lo vemos respecto de las obras que respaldan, las cuales plantean, en varios casos, una contradicción con la propuesta política económica que han venido llevando a cabo las élites y sus Gobiernos, durante los últimos 40 años, en la otrora “tacita de oro”.

Por ejemplo, a propósito de obras en el casco histórico de la ciudad, hablamos del uso dado a las edificaciones del hospital Manuel Amador Guerrero, cuando se construyan las nuevas fuera del Barrio Norte, así como el uso dado a las infraestructuras físicas dejadas atrás por la construcción de las nuevas edificaciones del colegio Abel Bravo. En el primer caso, la CUCO plantea darle un uso de beneficio público en materia de atención médica, ya sea hospitalaria, ambulatoria o de logística de prevención y promoción. En el segundo, convertir las viejas estructuras físicas del colegio insignia de la provincia en “la Casa de la Cultura” de Colón, como parte de un proyecto de rescate y afincamiento de la identidad colonense para las actuales y venideras generaciones.

En ambos casos, se está pensando en satisfacciones de necesidades reales de la población, en lo que concierne a la producción de salud y en lo que compete al aporte de la maduración imprescindible de la cohesión social. Nada que ver con la conversión de sus espacios ocupados en objetos de la especulación del capital inmobiliario, que se frota las manos cada vez que se sustrae o elimina del casco histórico alguna edificación ocupada por la población con anterioridad.

En el lenguaje de la Sociología Urbana, se diría que se trata de que las propuestas del movimiento popular -organizado en la CUCO- están convirtiéndose en una contrafuerza al proceso de gentrificación impulsado por las élites. Proceso que alude al abandono que se hace en la capacidad de que una población habite un territorio, con el propósito de que se creen las condiciones propicias para su expulsión sistemática, cuando no violenta, para fines de aprovechamiento de sectores sociales y económicos de mayor poder.

En realidad, no suele expulsarse a cualquier población, sino a la de origen social popular; a las que provienen de clases trabajadoras, por interés de grupos del capital que aspiran a convertir el territorio en cuestión en espacio de valorización de sus capitales, lo que no puede ocurrir mientras no se expulse a sus residentes tradicionales y no se convierta a sus establecimientos residenciales o comerciales, en establecimientos para el usufructo de las clases privilegiadas.

Los Gobiernos de las últimas cuatro décadas, por tanto, no han hecho otra cosa que mostrar su alineamiento con el interés de las élites económicas dedicadas a la economía de la especulación y del despojo.

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