Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
Desde el mes de octubre de 2021, el Excelentísimo Señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, tenía información veraz de los resultados del “Diálogo de la CSS”, específicamente, de la discusión en la mesa de la Comisión Temática de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la cual presentó al Plenario del Diálogo por la “salvación” de la entidad de seguridad social del país, un listado de 113 propuestas de modificaciones a la Ley 51 Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
El jefe del Estado panameño y, aparentemente, representante del poder económico (plutocracia) —sobre un problema financiero, político y social, de carácter estratégico para la República de Panamá, como lo es el inminente colapso del Programa IVM de la CSS— en lugar de “tomar el toro por los cuernos”, como se dice en el lenguaje coloquial, guardó un “silencio sepulcral” o “pateó la pelota hacia adelante”. En este aspecto, en su reciente alocución o Informe a la Nación, del domingo 2 de enero de 2022, únicamente se refirió tangencialmente al estudio de validación actuarial que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ignorando por completo los acuerdos de los nacionales y sin indicar cuál va ser la actuación de su gobierno sobre este escabroso tema.
¿Cuál es la situación financiera de la CSS?
“El Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) tendrá al cabo de 9 años un faltante de 8.013,9 millones de dólares. Del año 2021 al 2030 se deben pagar pensiones del SEBD por 24.119,4 millones de dólares, pero la recaudación de cuotas será apenas de 9.628,4 millones”. (Crítica, 06/10/2021).
Ahora, según mis matemáticas, el faltante sería de 14.491 millones de dólares, suma que prorrateada en el actual período presidencial oscilaría en los 1.610,1 millones de dólares promedio anuales. De manera que para ser consecuente con la crisis financiera del principal programa de entidad de seguridad social, el gobierno de Cortizo debe destinar 6.440,4 millones de dólares para cubrir su cuota-parte del déficit actuarial del período que va del 2021 al 2030.
Adicionalmente, en un plan de verdadero estadista —y no de politicastro provinciano o de juglar del poder económico y de su odioso ideología del capitalismo salvaje “made in USA”— el jefe de gobierno panameño debe convocar un nuevo Diálogo Nacional por la salvación de la CSS, de tal suerte que todos los sectores representados en el mismo, puedan consensuar el paquete de reformas pertinentes de la ley 51 Orgánica de la CSS.
Sin duda, ello conllevaría a roces políticos con algunos de los actuales aliados del gobierno, por ejemplo, la banca, las transnacionales portuarias, empresas multinacionales de extracción de cobre y otros minerales, etc. Pero, para el mandatario panameño, lo más importante debiera ser su legado histórico —en materia de salud pública y seguridad social— “salvar” la CSS y con ella, en gran medida, el futuro financiero de la República de Panamá.
Allí están los insumos (propuestas) para el gran e histórico debate nacional: “retornar al Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) o solidario de pensiones; que el 10% de los ingresos brutos de las concesiones del Estado en puertos, minas, electricidad y telecomunicaciones pasen a engrosar el IVM.
Aumentar en 2% los aportes empresariales al IVM, destinar el aporte de dos sorteos anuales de la Lotería Nacional al sistema de pensiones, gravar las tarjetas de crédito, remesas, personas que se embarcan en puertos y los contenedores y las sumas que pasen al fondo de pensiones”. (Ibíd).
Finalmente, también se propuso constituir una entidad financiera de la CSS, el Banco de Seguridad Social (BSS) y, además, que el Estado incremente su aporte a la CSS. Yo diría por un monto similar al excedente anual del Canal de Panamá, o sea, para materializar o hacer efectivo el principio de la lucha por la conquista de la antigua “Zona del Canal”: “El uso más colectivo posible”, de las riquezas provenientes del conglomerado del Canal.
¡Así de sencilla es la cosa!
