Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Con la altanería y la soberbia que siempre lo caracterizó en la defensa del contrato de explotación minera, el ministro Federico Alfaro Boyd renunció al cargo, acción que miles de personas ansiaban desesperadamente. ¡Qué vergüenza de funcionario de gobierno convertido en vocero de la multinacional First Quantum Minerals!
Fue el ministro quien firmó el contrato con la empresa minera, que defendió a ultranza, y que la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de sus magistrados y en estricto Derecho, lo declaró inconstitucional una vez más.
Con una carga ladina de 25 artículos de la Constitución Nacional violados, el contrato ahora es un documento no sólo legalmente aberrante, sino un instrumento que intentó imponer un grupo de familiares y elementos con poder, sin importar los daños al país, a fin de continuar esquilmando a su antojo a la patria que lamentablemente los vio nacer.
Pese a los enunciados en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que declaraba el contrato expulsado del sistema, el arrogante Alfaro Boyd se dio el tupé de anunciar un desastre en la economía del país, sabiendo que su participación en la firma y defensa del contrato constituye, precisamente, la fuente de la crisis nacional.
De haber suscrito un contrato que beneficiase a este país, quizás no se habría desarrollado un rechazo tan diametral con las consecuencias conocidas. Con gran desfachatez, Alfaro Boyd anunció su renuncia, intentando esconder su culpabilidad, como principal responsable, en concubinato con su jefe inmediato, de toda la crisis sufrida. Esa crisis provocó daños a la economía, y perjudicó a comerciantes y productores, y a gran cantidad de nacionales.
El ex ministro Alfaro Boyd es un profesional del Derecho quien, junto a familiares cercanos y lejanos, se había convertido en el último factótum de la explotación minera en Panamá, que se inició con el apoyo del ex presidente Ernesto Pérez Balladares. Desde entonces, han manejado el tema minero, que tiene como abanderado al delfín del actual presidente, entre los principales defensores del Contrato Ley declarado inconstitucional.
Todavía falta que renuncien otros altos funcionarios, como el ministro de Ambiente, quien permitió la elaboración de un contrato sin el estudio de impacto ambiental idóneo.
La bola sigue girando. La lucha no ha terminado para que este país tenga una administración honesta y transparente.
