Panamá se enfrenta a uno de los peores modelos de transporte en el ámbito regional, que condena a millares de usuarios a una especie de calvario y tortura permanente.
En las últimas décadas, el problema del transporte colectivo y selectivo ineficiente, inseguro, desregulado y repleto de anomalías, se ha tornado más ofensivo en contra de la población, especialmente la que habita en los barrios empobrecidos en las afueras de ciudad capital.
Organizaciones de transportistas envalentonados, quienes se comportan como mafias, han impuesto sus propias reglas y coaccionan al Estado para que asegure sus privilegios econónicos y prebendas por encima de la ley.
El transporte es uno de los grandes componentes estratégicos más importantes en cualquier país del mundo, y no se debe permitir que grupos sin compromiso alguno con el desarrollo humano y social vulneren los derechos de los pasajerps y lucren a costa de los irritados usuarios.
Es hora de que el Estado haga valer el derecho de los ciudadanos a tener un transporte digno, ágil y seguro. Asimismo, se requiere en Panamá un sistema científico y ordenado que desahogue a la metrópoli y permita a la gente llegar a tiempo a sus empleos y regresar con seguridad a sus hogares. Esa prioridad popular no es negociable y exige a los gobernantes actuar con determinación y entereza.
