El proyecto de convertir a Panamá en una inmensa cantera o en un territorio regido por enclaves, amenaza el sueño de proteger la riqueza hídrica de este país y la apuesta por el desarrollo sostenible en contra de los onerosos complejos multinacionales.
La corporación transnacional de la megaminería instituyó su discurso global con vistas a la Cumbre de Johannesburgo, en 2002, casi una década después de la expansión de inversiones extranjeras directas, amparadas en la falacia de la “minería responsable” y la creación de fuentes de empleo.
Los conflictos globales y la crisis del modelo neoliberal han desatado una mayor voracidad sobre los recursos minerales en América Latina y el Caribe, por parte de empresas que exhiben el poderío y la capacidad de doblegar a gobiernos sometidos a la presión económica y financiera.
Sin duda, la decisión de ceder vastos territorios a compañías dedicadas a la extracción intensiva de minerales, es un mal ejemplo ante la necesidad imperiosa de proteger el valioso patrimonio hídrico y biológico de la República de Panamá.
En ese complejo escenario, surge un creciente movimiento de despliegue contra el saqueo minero para replantear en la sociedad panameña la posibilidad de crear una gran coalición con el objetivo de hacer valer los derechos nacionales frente al despojo. Ello se traduce en una amplia convocatoria para reparar la mancillada soberanía y recuperar el territorio usurpado.
