Continúa conflicto migratorio y de seguridad en Panamá
El flujo irregular de refugiados en Centroamérica y a nivel transcontinental, fue incluido en la agenda de trabajo del presidente Juan Carlos Varela y de la vicepresidenta Isabel de Saint Malo en la 71 Asamblea General de la ONU, pero es un problema que reclama estrategias de Estado y una gran cooperación internacional.
Por José de la Rosa Castillo (Especial para Bayano digital)
En Turbo, pequeña localidad colombiana de la subregión de Urabá en el departamento de Antioquia, cerca de la frontera con Panamá, se desató en las últimas semanas un nuevo conflicto migratorio, convertido en crisis humanitaria y denuncias de violación de los derechos humanos, tras la llegada por la selva darienita de un nuevo flujo de cubanos e irregulares haitianos, congoleses, senegaleses, somalíes, angoleños, etíopes, paquistaníes y nepaleses.
Esta nueva ola de migrantes se reanimó ante el anuncio realizado en julio por la ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, quien sostuvo con firmeza la medida de deportación del grupo de cubanos en esa localidad y que fue ratificada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que evidenció “su profunda preocupación” ante la situación de “extrema vulnerabilidad” en que se encontraban cerca de 1.300 migrantes cerca del “Tapón del Darién” en Panamá.
La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, informó que actualmente se está trabajando en dos frentes para atender el problema. El Gobierno autorizó un “flujo controlado” de migrantes por Darién, como una medida humanitaria y para evitar la entrada masiva de personas por la frontera con Colombia, anunció el presidente de la República, Juan Carlos Varela, hace algunos días.
El mandatario explicó que la decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad Nacional, luego de que centenares de migrantes, en su mayoría haitianos y africanos, estaban varados en Darién.
Dijo que había 880 personas en Darién, Cada migrante pasa por el proceso de toma de huellas dactilares y debe presentar sus documentos. Muchos no cargan consigo documentos de identidad.
Varela indicó que no se trata de suspender la “Operación Escudo”, anunciada en mayo de ese año y que está dirigida específicamente contra el narcotráfico. “La frontera está cerrada (…) los que logren evadir los puntos de control, hay que darles un tratamiento humanitario”, subrayó.
Lo cierto es que el fenómeno sigue creciendo, debido al alto flujo de migrantes irregulares. La migración ilegal consiste en personas que lucran y facilitan la entrada y salida de migrantes, antes de que ingresen a un determinado territorio. El otro fenómeno asociado a la migración irregular, es la trata o el comercio ilegal de personas, que ocurre cuando someten a un individuo para que sirva a una práctica como la explotación sexual o trabajo forzado, para obtener de esa actividad un lucro constante. La trata es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la persona.
Hay que resaltar la permisividad del gobierno, a través de las autoridades de Migración y Senafront, de tolerar el tránsito de indocumentados a través de las fronteras, convirtiendo a Panamá en recinto migratorio, bajo el criterio de que esos migrantes seguirán su camino hacia Estados Unidos. Ello muestra la ausencia de una verdadera política migratoria, combinado con la falta de mecanismos para actuar ordenadamente en Puerto Obaldía, en la frontera entre Colombia y Panamá, y en Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica.
Es tiempo que Panamá, por medio de su Cancillería, desempeña un rol más activo ante la Cancillería colombiana, ya que mientras las autoridades de migración han puesto especial atención al Golfo de Urabá, por donde se realiza este tránsito irregular de inmigrantes, reforzando sus puestos de control, Panamá es permisivo a ese tránsito. La desmovilización de la FARC, como parte de los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, plantea nuevos retos a este país, pero en ese aspecto el gobierno panameño parece estar en “Narnia” (mundo de fantasía creado por C. S. Lewis).
Panamá debe demandar un mayor apoyo de la Agencia de Naciones Unidas de atención a los Refugiados y a la Organización Internaciones de Migrantes y las instancias de Derechos Humanos y Humanitarios a nivel hemisférico para ventilar los casos de trata de personas y el tráfico humano en manos de grupos delictivos.
Es momento de actuar con mayor firmeza frente a un problema migratorio y de seguridad que no nos pertenece. Tampoco es culpa de los vecinos de Panamá, que insisten en no aceptar inmigrantes en su territorio. Están en todo su derecho de hacerlo. Lo preocupante es que el fenómeno podría salirse de control.
