Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
El Acto Constitucional número uno, aprobado en Tercer Debate del Pleno en el primer período legilativo de la Asamblea Nacional de Diputados, el 28 de octubre de 2019, a través del cual fueron ratificadas las “reformas constitucionales”, elaboradas por el espacio de diálogo de la “Concertación Nacional para el Desarrollo”, pasó por varios escenarios, pero con una sola matriz política: La del poder económico nacional y transnacional o “poderes fácticos”, y de la plutocracia o gobierno de los más ricos.
El primer mensaje del alcance verdadero de la modificación de la Constitución de 1972, reformada en 1978, 1983, 1994 y 2004, que ha devenido en una colcha de retazos de dogmática jurídica; fue dado por el ex viceministro de Economía y Finanzas, luego de una visita a Nueva York y Washington. Allí el emisario anunció que la delegación del gobierno aseguró a los organismos financieros internacionales, que el Título del Canal no sería tocado en las reformas constitucionales. Al día siguiente de esas declaraciones, el sujeto de marras fue cesado en sus funciones. La opinión pública debe suponer que fue por su infidencia. Ello cerraba el paso a reformas estructurales y reducía el ambiente a las modificaciones cosméticas de los títulos quinto, sexto y séptimo de la Carta Magna.
El segundo llamado de atención fue dado por el Consejo de Gabinete, que aprobó de forma inmaculada la reforma constitucional proveniente de un espacio de diálogo y concertación acusado de manipulación cortesana y de dudosa legitimidad. A éste, le siguió el espectáculo circense efectuado por los diputados. Primero, la burla al pueblo con las consultas llevadas a cabo por la Comisión de Gobierno, presidida por el “lumpen diputado” identificado como “esclavo de la plutocracia”. Lo escenificado en Segundo y Tercer Debate en el Pleno de la Asamblea Nacional es de antología política.
Sin embargo, la marca mayor del alcance y carácter –mantener el statu quo– de las reformas constitucionales, las ha dado a través de recientes declaraciones el presidente de la República. Debemos recordar que durante el proceso electoral de 2019, el entonces candidato de la nómina “Uniendo Fuerzas” prometió cambiar la constitución mediante una Reforma Constitucional aprobada en dos legislaturas de la nueva Asamblea Nacional y sancionada por el pueblo en referéndum. También dijo que si la ciudadanía rechazaba las reformas constitucionales él –el señor presidente–, convocaría a una “Constituyente paralela”.
Pero, a raíz de las protestas ciudadanas, particularmente de la gente joven, de la “generación líquida”, el argumento palaciego se ha transfigurado. Ahora dice que lo que quieren algunos diputados es quedarse con la “vieja Constitución”. Es decir, aparentemente, para el poder económico y la plutocracia, la Constituyente ya no es una opción viable. Desde las alturas del poder se impone el “despotismo de los bribones” con el falaz argumento del miedo y la descalificación.
En tales circunstancias, la oligarquía y los poderes fácticos pretenden acabar de engullirse los haberes públicos de la República. Por tanto, debemos proclamar a toda la faz istmeña que requerimos de una Asamblea Nacional Constituyente, para devolver al soberano general, al soberano popular, al constituyente originario la libertad de decidir y construir su propio destino.
Una Constituyente para que “la actitud –de gobernantes y de gobernados– sea la de anteponer la República contra la oligarquía; del gobierno del pueblo contra el gobierno de las camarillas; de las elecciones populares contra las sucesiones hereditarias del Club Unión; de la opinión contra la imposición”; de la voluntad de las mayorías en contra del que habla en tercera persona y que quiere imponer la “Ley y Orden” plutocrático, en lugar de “honradez, libertad y Ley, que son las tres columnas sobre las cuales descansan los gobiernos democráticos”. ¡Así de sencilla es la cosa!
