Por David Carrasco
Empresarios panameños defendieron el lunes el aparentemente inocuo proyecto petrolero el Isla Boná, en el Golfo de Panamá, mientras que ambientalistas de diversas organizaciones se declaraban vigilantes en la sede de la conferencia en la que se habló sobre presuntas “bondades” de la iniciativa económica, convertida en una manzana de la discordia ambiental.
En una exposición organizada por la empresa promotora Boná Pacific Corp., en la que un hombre y una mujer vestidos de negro impidieron el acceso a Bayano digital, Raam Ady, gerente de esa compañia, dijo que el área insular en la que se pretende instalar ocho tanques de combustibles “no hay nidos de aves”. Añadió que “sólo hay herbazales y árboles dispersos” en la zona seleccionada.
La conferencia de prensa fue convocada luego de dos solicitudes del procurador de la Administración, Rigoberto González, para conocer detalles sobre el proyecto rechazado por una coalición d organizaciones ambientalistas, que exigen transparencia. Asimismo, el presidente de la república, Juan Carlos Varela, hizo un pedido similar a los organismos oficiales, ante las crecientes protestas.
El alcalde de Taboga, Ramón Ramos, acordó un arrendamiento por 20 años prorrogables con opción a venta de la isla, a la empresa Bona Pacific Corp., para desarrollar una terminal petrolera para buques de tipo “post Panamax” o “neo Panamax” en 35 de las 74 hectáreas de esa ínsula. El acuerdo fue posteriormente avalado por el Consejo Económico Nacional (CENA), pese a las críticas de biólogos marinos.
Hace una semana, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) denunció que el proyecto, que incluye la instalación de ocho tanques con capacidad de 100.000 barriles de petróleo por año, representa una amenaza en materia de contaminación para áreas residenciales y turísticas en emblemáticas comunidades costeras de la vertiente del Pacífico, como Playa Bonita, Punta Chame, Coronado, San Carlos y Río Hato.
Directivos de Boná Pacific Corp. descartan los riesgos de una catástrofe ecológica por escape de hidrocarburos y sostienen que hay “eficientes sistemas” de prevención en el área escogida: un sector repleto de herbazales. Al respecto, Ady indicó que la compañía se ajusta a rigurosas normas de seguridad industrial, y que la instalación petrolera propuesta no agrede al ambiente ni amenaza a la fauna.
La presidenta de la Alianza por la Conservación y Desarrollo (ACD), la jurista Susana Serracín, difiere de los promotores del proyecto y manifestó que la propuesta económica carece de suficiente información y pondría en peligro a un sitio de gran biodiversidad, que debe ser declarado refugio de vida silvestre.
Añadió que el proyecto petrolero contraviene el Convenio CITIES, uno de los mayores acuerdos existentes sobre protección de especies, y el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, creado para apoyar y promover los proyectos de conservación.
Sandra Álvarez, de la Fundación ambientalista Tortuguías, que protege especies marinas en peligro, comentó a Bayano digital que Isla Boná posee un ecosistema único en el mundo y debe ser protegido. “No podemos permitir que nuestra naturaleza y áreas de anidación para muchas especies se vendan al mejor postor por el interés de unos pocos”, manifestó la activista y promotora del ecoturismo.
A su vez, Marlene Blasser, de la organización Sharks Awareness Panama, aseguró que “no hay un estudio completo sobre las afectaciones ambientales” en Isla Boná. Remarcó que la población no está informada sobre los detalles de esa iniciativa y quiénes son los grupos financieros que están detrás del negocio, cuyos nombres son mantenidos en reserva por los actuales representantes legales.
Áreas insulares del Pacífico han sido afectadas por frecuentes derrames de combustible de buques que transitan a través del Canal de Panamá, lo que genera daños al ecosistema marino y causa gastos en labores de limpieza.
